SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0999/2017-s2
Fecha: 25-Sep-2017
acción de amparo constitucional
En revisión la Resolución 273/2017 de 14 de agosto, cursante de fs. 438 a 448 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Sandro Camacho Acha, Presidente; Lidia Gonzales Abasto, Vicepresidenta; Norma Rojas Gutiérrez, Secretaria de Actas; Ángel Teófilo Luque Concha, Secretario de Hacienda; Pedro Bazoalto, Secretario de Conflictos; Sonia Dávila Poblete, Secretaria de Educación y Cultura; María Luisa Coria Gonzales, Secretaria de Salud y Deportes; Alberto Angulo Melgarejo y Ponciano Ríos Saca, ambos Comité de Agua y Marlene Ruth Yañez García, Primer Vocal, todos miembros de la Comunidad Campesina “PUTUCU NORTE” contra José Luis Tapia Pérez, Presidente; Jaime Hubert Villca Condori, Vicepresidente; Cristóbal Pereira Veliz, Secretario de Actas; Florencio Loza Coria y Alberta Rojas Muños, Delegados, todos miembros de Participación y Control Social de Tiquipaya del departamento de Cochabamba.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- concedió en parte
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Del principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
- la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada
- El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa
- III.2.
- REVOCAR en todo