SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0802/2018-S2

Wilder Fernando Castro Requena, Administrador Aduana Interior Oruro a.i. de la ANB, mediante su representante legal remitió escrito de 20 de junio de 2018, cursante de fs. 451 a 456 vta., manifestando: 1) La presente acción de defensa no cumplió con el principio de subsidiariedad; siendo que, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-33/2017 no se interpuso proceso contencioso administrativo; 2) La entidad accionante señala que se le habría coartado su derecho al debido proceso, situación que no ocurrió, en razón de que la Administración Tributaria inclinó su actuar conforme a normativa vigente, emitiéndose la Resolución Sancionatoria aludida; y, 3) La parte impetrante de tutela efectúa una glosa de supuestos derechos vulnerados, sin especificar de manera detallada y concisa porqué manifiesta dicha lesión de los indicados derechos, sin considerar lo establecido por el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo) en torno a exponer con claridad los hechos e identificar los derechos o garantías que se consideren transgredidos.

“El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero^[1] y 0873/2004-R de 8 de junio^[2], en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la   SC 0965/2006-R de 2 de octubre^[3]. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo^[4], sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.