SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0042/2018-S2

Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) “ANULE Y DEJE SIN EFECTO EL ACTA NOTARIAL 38/2017 DE 30 DE JUNIO DE 2017, que corre a cargo del Notario de Fe Pública N° 6 de esta ciudad, ACTA SIGNADA, ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS DE LA FUNLOMASBO” (sic); b) “RESTITUYA  LOS DERECHOS INVOCADOS EN LA PRESENTE ACCIÓN A MIS MANDANTES EN LO QUE RESPECTA AL LIBRE EJERCICIO Y CONTROL DE SU PODER POLÍTICO, COMO MIEMBROS DE LA GRAN LOGIA DEL RITO DE YORK PARA BOLIVIA” (sic); y, c) Determine daños y perjuicios, además de la responsabilidad civil y penal contra los ahora demandados.

Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que ‘La función judicial es única…’, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos:a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y,  c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones.

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar que, independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable (acción de amparo, acción de libertad o, acción popular) por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos, de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: a) Una tutela definitiva únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio y la inobservancia y fractura del principio de Estado Constitucional de Derecho; y,      b) Una tutela provisional y transitoria (con efectos preventivos o reparadores) con relación al derecho sustantivo en cuestión (derecho a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.) hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar.