SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0077/2018-S4

La misma sentencia, desarrollando los supuestos en que la jurisdicción constitucional puede excepcionalmente revisar la valoración de prueba realizada por las autoridades jurisdiccionales ordinarias, concluyó lo siguiente: “…el Tribunal Constitucional precautelando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, en cumplimiento de una de las finalidades por las que ha sido creado este órgano, como es el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, ha establecido la SC 873/2004 de 28 de julio, los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; y,     2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales” (el resaltado es añadido).

En ese sentido, se establece que la valoración de la prueba es facultad exclusiva de las autoridades ordinarias o administrativas, no así de la jurisdicción constitucional, la cual no puede realizar una nueva valoración de la prueba que fue ya evaluada por el autoridad jurisdiccional ordinaria, excepto en aquellos casos en que exista lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuando en dicha labor exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o se hubiese omitido arbitrariamente valorar la prueba.