SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0275/2018-S3

En el sistema interamericano de protección de derechos humanos el art. 25 inc.1) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), sostiene: ‘Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales’ y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Americano, cuyo el art. XVIII parte in fine, establece que: ‘Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad’.

En la jurisprudencia constitucional la SCP 0032/2012 de 16 de marzo, señaló que: ‘…esta acción tutelar puede ser presentada ante cualquier juez o tribunal en materia penal, aspecto que no debe interpretarse restrictivamente en su contenido literal pues de ser así, se desnaturalizaría los principios rectores y fines de esta acción tutelar, que se caracteriza por la inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación, que sobre cualquier interpretación, deben ser respetados y cumplidos en busca de hacer efectiva la protección de los derechos a la vida y a la libertad, resguardados por esta acción’.