SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0524/2018-S2

En similar sentido, el art. 19 del PIDCP, no obstante a establecer en sus numerales 1 y 2, que: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”; en su numeral 3, determina que: “El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

Así, vinculando la libertad de expresión con el ejercicio del periodismo, con el que tiene una notoria y trascendental relación; destacando que la profesión de periodista precisamente implica buscar, recibir y difundir información; la misma no debe olvidar ni obviar las restricciones y límites del ejercicio de la libertad de expresión anotadas, debiendo obrar con responsabilidad y ética profesional; más aún, si el art. 21.2 de la CPE, prevé como derechos de todas las bolivianas y los bolivianos: “…la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”; estipulando a su vez, los arts. 11 de la CADH, que: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”; 17 del PIDCP, que refiere: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”; y, 12 de la DUDH, indica que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Compeliendo que, la restricción sea proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menos medida posible en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.