SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0735/2019-S3

Incoado recurso de casación por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, como respuesta al mismo los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitieron los Autos Supremos 2 de 10 de enero y de 26 de febrero -sin número de aclaración, enmienda y complementación-, ambos de 2019, que son lesivos a los derechos fundamentales y atentatorio al ordenamiento jurídico porque resolvieron señalando que: “…la sentencia incurre en una apreciación indebida de los hechos que se traduce en un error de derecho en la valoración de la prueba documental…” (sic); asimismo afirmando que: “En consecuencia, ya no existía la necesidad u obligación de consignar en las especificaciones técnicas el origen del motor, puesto que ya estaba expresamente indicado, cuando suprime que el equipo de motor sean chinos” (sic); argumentos con los que el Tribunal Supremo declaró infundado el recurso de casación en la forma y deliberando en el fondo casó la Sentencia 01/2017 y declaró improbada la demanda de incumplimiento de contrato, consecuentemente legal la resolución contractual emitida al efecto.

Por lo que, se violó la garantía y derecho al debido proceso, así como a contar con una resolución debidamente fundamentada y congruente, tanto de manera interna como externa; toda vez que los Magistrados demandados no consideraron sus argumentos y alegaciones expuestas en la contestación del recurso de casación y en relación al fundamento de la parte recurrente cuando alegó error de derecho en la valoración de la prueba documental, precisando que: “…no cumple con el presupuesto establecido en el artículo 153 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, que exige que el recurrente adjunte a tiempo de formular la casación los documentos y/o actos auténticos por los cuales se demuestren fehacientemente la equivocación en la cual se hubiese incurrido” (sic). De igual manera, se vulneró el principio de congruencia interna, motivación y debido proceso, al señalar en el citado Auto Supremo cuando analizó y valorizando el DBC evidenciaron que no existía la exigencia de que el motor no sea de origen chino, para posteriormente resolver en casación en el fondo y establecer de manera discordante que era una condición el requerimiento de que el motor no sea de fabricación china; existiendo razonamiento contradictorio porque concluyen en el último párrafo que: “…En tal sentido el Documento Base de Contratación (DBC), no se lo interpreta cláusula por cláusula o de forma aislada sino que responde de forma conjunta a condiciones del contratante, para el bien del servicio solicitado…” (sic); existiendo razonamientos contradictorios y antagónicos que hacen de la resolución emitida incongruente, porque primero arriban a la conclusión de que lo resuelto en primera instancia se encuentra debidamente fundamentado y luego analizaron el DBC y adoptaron otra posición, arribando a una conclusión contraria para posteriormente casar la sentencia y declarar probada la misma al establecer que existía la exigencia de que los motores no sean chinos.

Denunció asimismo, la transgresión de la garantía y derecho al debido proceso, ya que los Magistrados demandados, realizaron una labor no peticionada en el recurso de casación en el fondo, resultando violatorio a los arts. 253 y 254 del CPCabrog, ya que no se aplicó objetivamente dicha disposición legal, en cuanto a la revalorización de la prueba debió considerarse todas y de manera conjunta; es decir, confundieron el error de hecho que refiere a la valoración intrínseca de un documento, con el de derecho, relativo a que determinada prueba debe ser revisada conforme su naturaleza probatoria y no de otra manera.