SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0758/2019-S3

          El art. 15.I de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…”; en ese mismo sentido la SC 0411/200-R de 28 de abril, pronunciada por el extinto Tribunal Constitucional estableció que, el derecho a la vida “…es el origen de donde emergen los demás derechos…”; en el contexto del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la Sentencia de 19 de noviembre de 1999; caso Villagrán Morales y otros contra el Estado de Guatemala, pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó que: “…el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, por lo que al ser vulnerado resta sentido a los demás derechos. Además, enfatizó que, en esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna…”.

          En esa línea, el Estado boliviano ha previsto la acción de libertad como un mecanismo de protección de este derecho, el cual se encuentra regulado en el art. 125 de la Ley Fundamental, que refiere: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

          En conclusión, este mecanismo de protección tutelar, también puede ser activado por las personas que estando privadas de libertad se encuentran ante una amenaza comprobada a su vida o la necesidad de adoptar una medida necesaria y compatible con el sistema punitivo del Estado para proteger efectivamente el indicado derecho.