SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1106/2019-S2

Hecha esta aclaración, en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde manifestar que es evidente que la jurisdicción constitucional tiene la facultad de revisar la actividad valorativa llevada a cabo por las autoridades de la jurisdicción ordinaria, labor que se circunscribe únicamente a determinar si la misma fue realizada dentro de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si se adoptó o no una conducta omisiva al momento de recibir, producir o compulsar prueba; o, si la decisión fue tomada en virtud de alguna prueba inexistente o esta refleja un hecho distinto a lo determinado. Sin embargo; esta labor revisora en la vía de excepción y ante esta jurisdicción constitucional, solo podrá ser llevada a cabo cuando el interesado de manera clara y sucinta establece la relación que existe entre esta omisión valorativa y los derechos alegados como lesionados; exigencia que no fue cumplida por la parte accionante, que si bien señala una supuesta “supresión de prueba y elementos de convicción” (sic), no especificó cuáles serían estos; extremo que evidencia que la autoridad demandada no vulneró los derechos a un debido proceso, acceso a la justica, tutela judicial efectiva, a ser oído por autoridad competente, a la inviolabilidad de la defensa y la verdad material de Santos Julio Laime Tambo.