SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1106/2019-S2

         Finalmente en lo que refiere a esta temática la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que constituye la línea jurisprudencial en vigor, confirmó que efectivamente la jurisdicción constitucional si puede efectuar la revisión de la actividad valorativa llevada a cabo por las autoridades de otras jurisdicciones, tomando en cuenta los siguientes criterios: “i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,            iii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en ese tarea o finalmente, si se le dio una valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de la demanda y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”.

         En el mismo orden, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció ciertos requisitos para que la vía constitucional ingrese a valorar la actividad desarrollada por la justicia ordinaria, como son: “ i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces”.

De todo lo expuesto esta vía constitucional tiene atribuciones para revisar la actividad valorativa llevada a cabo por las autoridades de otras jurisdicciones, las cuales se circunscriben a determinar si esta labor fue llevada a cabo dentro de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si se adoptó o no una conducta omisiva traducida en no recibir, producir o compulsar prueba; y, si la decisión fue tomada en virtud de prueba inexistente o esta “refleja un hecho diferente al utilizado en la argumentación” (sic), actividad que esta jurisdicción constitucional puede llevar a cabo, siempre y cuando el interesado accionante realice una clara y concisa relación de vinculación entre los derechos invocados como lesionados y la actividad interpretativa-valorativa y normativa; llevada por las autoridades de la jurisdicción ordinaria.