SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2019-S1
Fecha: 07-Feb-2019
II.5.
II.5. Por memorial de 21 de agosto de 2017, el accionante interpuso recurso de apelación contra la Resolución 01/2017, expresando ocho agravios: a) El Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Arani del departamento de Cochabamba, no cumplió con lo dispuesto por la Resolución 004/2017 de 21 de abril, emitida por la DDE de ese departamento, que dispuso la revocatoria del Auto de 30 de marzo de 2017, por falta de debida motivación y fundamentación al rechazar la nulidad de actuados desde el Auto Inicial de Proceso; consecuentemente, esa “…contradicción e incumplimiento del Tribunal disciplinario, que debe ser corregida por el Tribunal ad quem, toda vez en el fondo se mantiene el ilegal Auto Inicial de Proceso y NO SE DICTA UNO NUEVO, aspecto este que vicia de nulidad al proceso” (sic); b) El Auto Inicial de Proceso subsiste pese a su ilegalidad, y refiere “…falsedad e ilicitud del título de bachiller…” (sic), como causales para el procesamiento disciplinario, sin embargo, el Tribunal Disciplinario está facultado para procesar faltas y no así ilicitudes, “…que es competencia penal…” (sic) conforme dispone el art. 2 de la RS 212414; c) En el punto I referido a la Declaración Testifical de Cargo de la Resolución 01/2017, el Tribunal Disciplinario refiere que: “‘Revisado el expediente del procesado Isacc Coca Rojas se pudo verificar y evidenciar que no se presentaron testigos de cargo’” (sic) lo que constituye un “craso” error; toda vez que, una cosa es el testigo de cargo y otra el de descargo; d) La Resolución apelada, es incongruente y carente de motivación y fundamentación, puesto que hace una simple enunciación de actuados, sin ningún tipo de fundamentación; e) “Si supuestamente se aplicaría en Auto Inicial del Proceso de 02 de marzo de 2017, se ha contravenido los plazos procesales…” (sic) señalados por el art. 24 de la RS 212414; f) La parte dispositiva de la Resolución impugnada establece: “…sin entrar en mayores consideraciones de orden legal…” (sic), afirmación que constituye una vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica, ya que necesariamente debe existir consideraciones legales, caso contrario la Resolución carece de motivación, fundamentación y congruencia; g) “Se ha afectado a la presunción de inocencia, debido proceso, legítima defensa, principio de seguridad jurídica que consagran los arts. 3, 4, 5 de la R.S. 212414, por lo que la sanción impuesta es inexistente en atención al art. 14 del antes mencionado compilado” (sic), y; h) No se valoró el legal y legítimo Diploma de Bachiller en Humanidades presentado como prueba de descargo y no se observó la prescripción de faltas en procesos administrativos (fs. 189 a 190).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- Fragmento 5
- 1)
- Fragmento 7
- denegó
- I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- i)
- se nutre de diferentes componentes; así, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen sus elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión,
- la motivación no significa la mera
- Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión
- toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- La obligación de fundamentar y motivar las decisiones judiciales, abarca también a las instancias judiciales de impugnación,
- congruencia
- es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia ‘ultra petita’ en la que se incurre si el Tribunal concede ‘extra petita’ para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; ‘citra petita’, conocido como por ‘omisión’ en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados
- Fragmento 25
- en los procesos judiciales y administrativos todo acto sin competencia o jurisdicción que puedan afectar al juez competente como elemento del juez natural debe tutelarse por los recursos ordinarios previstos por el legislador y agotados los mismos, siempre y cuando exista vulneración a derechos y garantías mediante acción de amparo constitucional
- El derecho al juez natural está inmerso en el art. 120.I de la CPE,
- La previsión constitucional transcrita, constituye una garantía para toda persona que deba ser sometida a un proceso, sea en materia penal, disciplinaria, administrativa, civil, familiar, laboral, tributaria y en general a todo ámbito donde se desarrolle una causa en la que quien esté sometida a ella, tiene que ser oída y juzgada necesariamente por un juez predeterminado, que además tenga competencia
- Ahora bien, conforme la disposición citada, la autoridad competente para conocer una causa, es aquella que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, tiene facultades para conocer y resolver un conflicto”
- Fragmento 30
- Fragmento 31
- Fragmento 32
- Fragmento 33
- Fragmento 34
- III.3.2. Con referencia a que el proceso disciplinario sancionador se desarrolló en contravención al art. 21.I del DS 25273 con un Tribunal Disciplinario conformado por personas que carecían de idoneidad para integrarlo
- Fragmento 36