SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2019

Al efecto, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes se advierte que cursa en obrados, documento de transferencia definitiva de terreno agrícola de 7 de febrero de 2017, suscrito entre Valentín Carrillo Águila, Renata Herrera Lazarte de Carrillo; y, Martín Carrillo Herrera y Bernardina Vicente Bernaldo, respecto a una propiedad agrícola, de extensión superficial de 1595 m², Parcela 230, ubicada en la comunidad Okosuru de Quillacollo del departamento de Cochabamba, la cual fue tramitada mediante saneamiento ante el INRA, cuyo derecho propietario se encuentra registrado a nombre de Martín Carrillo Herrera por Titulo Ejecutorial SPP-NAL-431513, Expediente I-26825, debidamente registrado en DD.RR., con la Matricula 3.09.0.10.0002733, bajo el Asiento A-1 de 19 de agosto de 2015, señalando que el traslado de dominio cuenta con todos los usos, costumbre, mejoras, “CON AGUA DE RIEGO DE MITA DE 55 MINUTOS, servidumbre sin reserva o exclusión alguna, en favor de los COMPRADORES: MARTIN CARRILLO HERRERA, y BERNARDINA VICENTE BERNALDO, por el precio libremente convenido y cancelado en su totalidad a tiempo de suscribir el presente instrumento legal, que es de $us.-87.725.-…” (sic [Conclusión II.1.]). En forma posterior, mediante memorial presentado el 25 de septiembre de 2017, Bernardina Vicente Bernaldo y Martin Carrillo Herrera, solicitaron la diligencia preparatoria de demanda de emplazamiento a reconocimiento de firmas y rúbricas contra los herederos de Valentín Carrillo Águila y Renata Herrera Lazarte de Carrillo (Conclusión II.4.). En merito a ello, por Auto de 29 de igual mes y año, la Jueza Pública Civil y Comercial Quinta de Quillacollo del mencionado departamento, respecto a la solicitud de diligencia de demanda preparatoria de emplazamiento a reconocimiento de firmas y rúbricas citada precedentemente, se declaró sin competencia en razón de materia, disponiendo la inmediata remisión de obrados ante el Juzgado Agroambiental de dicha localidad (Conclusión II.5.); y, por su parte el Juez Agroambiental de Quillacollo del referido departamento, por Resolución de 6 de noviembre de ese año, se declaró sin competencia para el conocimiento de la demanda de diligencia preparatoria de emplazamiento a reconocimiento de firmas y rúbricas citada supra, disponiendo la remisión de antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (Conclusión II.6.). Por Oficio de 6 de julio de 2018, José Gabriel Montaño Portuguéz, Presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) de la comunidad Okosuru, certificó: “…LA PROPIEDAD DE 1.565 MTS2, DENOMINADA OKOSURU, QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD OKOSURO, DISTRITO 8, EL PASO, DEL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO, PARCELA 230, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, DE ACUERDO A TITULO EJECUTORIAL Nº SPP-NAL-431513, REGISTRADO EN DERECHOS REALES, BAJO FOLIO REAL 3090100002733 A-1, DE 19 DE AGOSTO DEL 2015, UNA VEZ VERIFICADO POR MI PERSONA, CUMPLE FUNCIÓN SOCIAL Y SE ENCUENTRA CULTIVADA EN UN 50% CON FLORES CRISANTEMOS Y EL OTRO 50% CON FLORES DE GLADIOLOS, LO QUE CONSTA A LA COMUNIDAD. SE ENCUENTRA EN ZONA AGRÍCOLA” (sic [Conclusión II.7.]).

           En base al contexto referido, que emerge de los antecedentes glosados precedentemente, se tiene que la propiedad que en los hechos origina la solicitud de diligencia preparatoria, tiene su constitución y naturaleza a partir del Documento de Transferencia Definitiva de Terreno Agrícola de 7 de febrero de 2017, a partir del cual este Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que la propiedad en cuestión corresponde a un predio agrario que se dedica a una actividad agrícola.

           Definida la naturaleza de la propiedad que origina la diligencia preparatoria, es necesario a su vez considerar el alcance y finalidad de dicha figura jurídica a objeto de determinar la competencia en el presente caso, al efecto corresponde señalar que las medidas preparatorias “Son diligencias preliminares que tienden a preparar el proceso. En consecuencia, corresponde admitir aquellas que sean manifiestamente necesarias para asegurar la defensa de las partes o tiendan a allegar a la causa elementos que posibiliten su adecuado cause (…) Las medidas preparatorias tienen por objeto asegurar a las partes la posibilidad de plantear alegaciones en la forma más precisa y eficaz, es decir, persiguen la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso o la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible, o manifiestamente ventajoso desde el punto de vista de la economía procesal, para fundar una eventual presentación en el proceso en forma correcta, precisa y con el mayor éxito posible la pretensión jurídica o la defensa de la causa”[1] en ese sentido, las medidas preparatorias o preliminares -que difieren de las medidas conservatorias- no determinan el nacimiento del proceso, pero si buscan sentar las bases del mismo; es decir, lo que se solicita en la medida preliminar, luego convergerá en una acción real o personal, por ende deben solicitarse ante el juez que sea competente para conocer del proceso que se pretende promover.