SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0082/2019-S3

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó los fundamentos expuestos en su acción tutelar presentada y ampliándolo señaló que: a) El Auto de Vista 414/2018, amplió el peligro procesal indicando que la protección debe ser para la víctima y los menores habidos en el matrimonio, agravando la situación de quien solicita la cesación de la detención preventiva; b) Respecto al peligro previsto en el art. 234.10 del CPP, el imputado solicitó a la Fiscal de Materia, que se emita requerimiento a la “…Autoridad reconvencional de la FELCV…” (sic) para que otorgue garantías unilaterales, a fin de evitar la revictimización; c) El informe psicológico de medidas de protección que solicitó el Tribunal de alzada para enervar el peligro procesal, fue extraviado maliciosamente, habiéndose remitido una copia legalizada recién el 4 de septiembre; y, d) Se cumplió con lo establecido en el referido Auto, respecto al requerimiento de las medidas de protección, las terapias psicológicas y las garantías unilaterales.

           En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas fueron añadidas).