SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0065/2019-S4

Cuando cursaba el primer año de formación profesional en la ANAPOL, fue habilitado al examen de segunda instancia en la materia de Introducción al Derecho, el cual rindió satisfactoriamente; pese a ello, el Consejo de la de la referida Academia Nacional emitió la Resolución Administrativa (RA) 106/2017 de 18 de julio, disponiendo su baja definitiva por insuficiencia académica sin derecho a reincorporación, bajo el argumento que hubiera reprobado en la citada prueba académica; decisión que impugnó mediante recurso de revocatoria, alegando la existencia de preguntas ambiguas y respuestas erróneamente calificadas, solicitando que se revisen las respuestas en relación al texto propuesto por la docente de la materia, el mismo que se resolvió a través de la RA 161/2017 de 30 de agosto, sin análisis ni razonamiento alguno respecto a la corrección solicitada, limitándose a realizar una simple relación de hechos sin mayores explicaciones e incurriendo en contradicción al concluir que algunas de las respuestas eran válidas; sin embargo, de lo cual se confirmó y mantuvo firme el fallo recurrido.

Agregó que recurrió de la decisión de revocatoria, a través del recurso jerárquico, alegando la inobservancia de lo previsto por los arts. “11) inc. m) num. 1)”; y, 20 del Reglamento Estudiantil de la ANAPOL, ambos que prohíben la ambigüedad en las preguntas del examen y la calificación subjetiva; por lo que, solicitó que se revise nuevamente su prueba al existir ambigüedad y errónea calificación en relación a la batería de respuestas de la docente y la bibliografía relevante de la materia, haciendo hincapié en trece de las veinticinco preguntas formuladas; sin embargo, Hugo Javier Morales Lujan, mediante Resolución de Recurso Jerárquico 171/2017 de 7 de noviembre, confirmó las RR.AA. 106/2017 y 161/2017 impugnadas; sin explicar las razones de la decisión, omitiendo pronunciarse sobre el análisis comparativo que solicitó y respecto a la valoración de la prueba, con el argumento que la evaluación de la actividad docente es atribución de las autoridades administrativas o jurisdiccionales, desconociendo su propia competencia, para luego, de manera contradictoria, afirmar que no existe apartamiento de los márgenes de racionalidad o actuación arbitraria ni que la decisión impugnada se hubiera basado en “hechos diferentes a los que motivaron la sanción” (sic) y que la misma se encuentra motivada; lo que conlleva además la vulneración de su derecho a la educación al no haber sido evaluado objetivamente e impedírsele continuar con su carrera.

Finalizó, señalando que se lesionó la normativa específica, contenida en los arts. “11 inc.) m. num. 1)”; y, 20 del Reglamento Estudiantil de la ANAPOL, además del debido proceso al existir indefensión, toda vez que, la revisión extraordinaria del examen se realizó por la misma docente y sin asistencia legal, y al estar en un régimen cerrado se encontraba intimidado, desconociéndose los arts. 30 y 41 del Reglamento de Organización y Funciones de la ANAPOL, al habérsele negado la realización de un peritaje pedagógico.