SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0068/2019-S1

           De los datos que cursan en el expediente se tiene que dentro del proceso disciplinario iniciada a raíz de la denuncia presentada por Técnicos de Control y Fiscalización, y de Transparencia del Consejo de la Magistratura contra María Inés Burgos Belaunde -hoy accionante-, se emitió la RA 20/2017 de 28 de junio, que declaró probada la denuncia en cuanto a la falta grave contenida en el art. 187.14 de la LOJ, e improbada respecto a la falta grave establecida en el numeral 9 del citado artículo y compilado legal. Ante ello la impetrante de tutela interpuso recurso de apelación que mediante RA SD-AP 522/2017 de 7 de noviembre, la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura confirmó totalmente la resolución de primera instancia, procediéndose a la devolución de antecedentes al Juzgado Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Pando, cuyo titular ahora demandado, emitió el cúmplase respectivo; empero, encontrándose la hoy impetrante de tutela cumpliendo una sanción de suspensión determinada en otro proceso disciplinario -desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2018-; en base al informe del escalafón judicial y del SERECI dispuso la notificación en su domicilio real, que no pudo ser efectivizada en razón a que la información proporcionada reflejaba datos genéricos según las representaciones del auxiliar del referido Juzgado Disciplinario.