SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0114/2019-S2

Sobre la base del reconocimiento del acceso a la información como un derecho constitucional, la SC 0215/2011 de 11 de marzo -reiterada por la SCP 0502/2012 de 9 de julio-, en el Fundamento Jurídico III.3, expresó: "...constituye un eje articulador para el control ciudadano de la gestión pública, elemento que es esencial en la configuración del diseño constitucional boliviano, derecho fundamental que además implica una obligación esencial para los funcionarios públicos, toda vez que la información es una cuestión de interés público”. A este entendimiento es prudente o razonable añadir, que esta obligación encuentra salvedad en los casos en los que se encuentre restricción, limitación o prohibición que la ley prevea. 

Asimismo, este derecho encuentra correspondencia con las actuaciones que deben cumplir todos los servidores públicos, en observancia a los principios constitucionales de publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, responsabilidad, entre otros; reconocidos en el       art. 232 de la CPE y que rigen la función pública; en ese marco, la referida                  SC 0215/2011 en el Fundamento Jurídico III.3, expresó:

...los funcionarios públicos -como es el caso del Ministro de Gobierno-, se encuentran sometidos a los principios de compromiso, interés social y transparencia, por tanto, el cumplimiento de los mismos, está asegurado, en la medida en la cual, el Estado Plurinacional de Bolivia, garantice a la sociedad un amplio derecho a la información, aspecto a partir del cual, será además plausible un verdadero control social; por tanto, considerando que el derecho a la información genera un derecho para todas las personas parte de una sociedad y también un deber para los funcionarios públicos (...).