DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0037/2019

En ese marco, el sistema de control plural de constitucionalidad ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se compone de tres ámbitos, que son: a) El control tutelar de constitucionalidad; b) El control normativo de constitucionalidad; y, c) El control competencial de constitucionalidad. Por lo que, este último está diseñado para precautelar el principio de supremacía de la Constitución Política del Estado a través de la verificación en cuanto a la compatibilidad de contenido de toda norma de carácter general con el texto constitucional y el bloque de constitucionalidad.

En lo concerniente a la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional en el ámbito normativo de control de constitucionalidad, la SC 0051/2005 de 18 de agosto, reiterada por la SCP 0058/2015 de 5 de marzo, sostuvo que: “…a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas”.