SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0306/2019-S2

         Bajo el referido razonamiento, el extinto Tribunal Constitucional dispuso que en resguardo de los derechos y principios fundamentales como la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, la jurisdicción constitucional podía analizar conductas omisivas de las autoridades judiciales, que signifiquen, no haber recibido, producido o compulsado prueba inherente al caso. Dicha actividad, se manifestó, se reducía a la posibilidad establecer únicamente si la prueba fue o no valorada; dejando de lado la posibilidad que la justicia constitucional pueda imponer la forma en que esta debía ser compulsada; menos examinarla o valorarla. De esta forma, se moduló el entendimiento originalmente asumido mediante la SC 0577/2002-R, manteniendo la actividad valorativa como competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, pero abriendo la posibilidad revisión de dicha actividad vía constitucional cuando esta lesiona derechos y garantías fundamentales.