0393/2019-S1 de 19 de junio

En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño” (las negrillas nos corresponden).

         Bajo estas consideraciones de protección integral a las niñas, niños y adolescentes, tal como se dijo, el interés superior del niño al ser de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades tanto administrativas como judiciales, su aplicación en el sistema educativo es de real importancia, considerando que tiene bastante incidencia en este sector de la población vulnerable; toda vez que, la educación se constituye en uno de los derechos fundamentales del cual depende el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, pues la finalidad del derecho enunciado justamente es la formación no solo en el ámbito del aprendizaje, sino también en lo que concierne a su formación personal, pues ambos están íntimamente ligados, por ello los profesores, los padres y personal que se encuentra comprometido a este sistema debe priorizar ante cualquier medida que asuma el interés superior del niño.