SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0257/2019-S3

Disposición procesal antes anotada (art. 53 del CPCo), que detallando los supuestos de improcedencia de esta garantía constitucional, regula que la misma no es viable: ‘1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno. 4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento. 5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular′.

En mérito a dichas consideraciones, resulta pertinente resaltar que, a más de las causales señaladas instituidas en el Código Procesal Constitucional; la jurisprudencia constitucional ha instituido auto restricciones que impiden también cualquier consideración de fondo de la problemática 13 deducida; como la identidad de sujetos, objeto y causa; existencia de cosa juzgada constitucional; imposibilidad de analizar hechos controvertidos; o, la imposibilidad de formular una acción de defensa a efectos de solicitar el cumplimiento de lo decidido en otra, o en su caso, para refutar lo determinado en aquella, como se verá a continuación” (las negrillas son nuestras).