SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0494/2019-S4

El 24 de junio de 2015, presentó el formulario de solicitud de pensión por invalidez por riesgo común, acompañando la documentación pertinente y exigida para acogerse a este beneficio; toda vez que, medicamente demostró que padece de artrosis femoropatelar bilateral grado III, además de una lumbalgia sin raduloculopatía, espandiloartropia degenerativa, protusiones discales múltiples, módulo de Schmorl L2 y L3, con la consiguiente calificación de enfermedad e incapacidad del 60% y cuya fecha de invalidez evaluada por el Tribunal Médico de Calificación corresponde al 4 de junio del mismo año.

El 10 de septiembre de 2015, mediante nota PREV-PR-RIE-NOT 09228/2015 de 8 de septiembre, de BBVA Previsión AFP, le hace entrega de la Resolución Administrativa que probó el dictamen que establece su grado de incapacidad, que fue emitido por el precitado tribunal médico perteneciente a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) momento en el cual su persona fue solicitando Pensión de Invalidez a la AFP, habiendo recibido una respuesta negativa por parte de dicha entidad aseguradora; por lo que, el 20 de agosto de 2018, se reiteró su petición de pago de pensión por invalidez, explicando el sustento legal que le ampara; sin embargo, el 27 de agosto del mismo año, por nota PREV-PR-RIE 11933/2018 de 27 de agosto de 2018, se le respondió señalando que esa administradora de fondo de pensiones ha demandado a su empleador el pago de recargo, y mientras ello no se produzca, no se haría efectiva la cancelación de su pensión, refiriendo a que se viene sustanciando un proceso judicial en contra de su empleador, que resulta ser Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), para que su esposa se beneficie de la pensión requerida; refirió que el 11 de enero de 2019, se ha reiterado por su parte, la solicitud de pago de la renta de invalidez por riesgo común, pero no ha merecido respuesta alguna hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa –16 de enero de 2019–.

Sostuvo que en materia constitucional se prevé la excepción al principio de subsidiariedad ante el daño inminente, o la inexistencia de un medio ágil y oportuno que restituya el derecho o los derechos vulnerados, que resulta aplicable al presente caso que trata de la lesión de derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social, así como el derecho a la vida y a la salud de su representada, derechos sociales inherentes a las personas titulares de los mismos que son inembargables e imprescriptibles.