SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0050/2019
Fecha: 12-Sep-2019
coordinación y cooperación interjurisdiccional
En cuanto a la coordinación y cooperación interjurisdiccional, que de acuerdo a los arts. 192.III de la CPE; 2, 5, 29 y 131 de la LOJ; y, 13, 14, 15 y 16 de la LDJ, se constituye en un deber, y además, en una garantía efectiva del acceso a la justicia en el marco de los principios de pluralismo jurídico, complementariedad, interculturalidad y descolonización, el Informe sostiene que en los actos procesales de las autoridades de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, se verifica una ausencia absoluta de espacios de diálogo intercultural de coordinación y cooperación, debido, fundamentalmente, a la poca apertura y jerarquía de la jurisdicción IOC y al desconocimiento de la racionalidad de las comunidades. De igual modo, dicho Informe añade que deberían implementarse espacios de diálogo intercultural e instrumentos de actuación (Protocolo) a fin de efectivizar un real acceso a la justicia constitucional orientado a la materialización del pluralismo jurídico.
Asimismo, el referido Informe señala que tanto la jurisdicción ordinaria como agroambiental, mantienen la racionalidad de la legalidad y de los procedimientos ordinarios de la justicia positivada; que el pluralismo jurídico es un enunciado formal, mientras que en la realidad predomina el positivismo jurídico; concluyendo el mismo en que:
…el acceso a la justicia plural como mandato constitucional, aún arrastra una inercia conservadora de los procedimientos operativos de una justicia sesgada sólo hacia la racionalidad monista positivado. Esta debilidad, se advierte en el profesional del Derecho, su actuación en la función de la administración de justicia, incrementa las condiciones asimétricas del sistema judicial del país; es decir, predisponen condiciones desequilibradas, inequitativas y sesgadas a privilegiar el paradigma jurídico positivo, expresado sobre todo en el reduccionismo del pluralismo jurídico casi exclusivamente a la ‘legalidad ordinaria’, (voluntad de la ley), de ‘conservación de la norma’, es decir interpretando la norma según al contexto del pasado en contradicción al mandato y la voluntad del constituyente, expresado en el paradigma de una justicia plural.
- conflicto de competencias jurisdiccionales
- Fragmento 2
- I.1. Contenido del conflicto de competencias
- I.2. Resolución del Tribunal de Sentencia Penal Primero; Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz
- Fragmento 5
- I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.4.3.
- II.5.
- hechos probados por los demandantes
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10
- II.11.
- II.12.
- II.12.1.
- II.12.3.
- II.13.
- Fragmento 24
- a)
- Fragmento 26
- III.1.
- que, junto a la ley formal, emanada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el mismo valor jerárquico, se encuentran las normas de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC); por lo que, ya no corresponde una aplicación monista del derecho
- se constitucionaliza a
- Fragmento 30
- plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad
- La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina,
- pertenecen al Órgano Judicial: a) Los tribunales ordinarios; b) Los tribunales agroambientales; c) La justicia indígena originaria campesina, ejercida a través de sus autoridades; y d) El Consejo de la Magistratura
- III.2. Naturaleza jurídica del control plural de constitucionalidad en el ámbito competencial jurisdiccional
- control plural
- Control normativo de constitucionalidad
- Control tutelar de constitucionalidad
- Control competencial de constitucionalidad
- Fragmento 39
- ARTÍCULO 101. (PROCEDENCIA).
- ARTÍCULO 103. (PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL).
- verdadera garantía normativa
- sino también en la jurisdicción IOC
- III.3.1. Tipos de conflictos de competencias jurisdiccionales (positivos y negativos)
- desde un punto de vista procesal, el inicio del conflicto de competencias negativo, está dado por el momento en el cual, la autoridad jurisdiccional a la cual, por declinatoria de competencia se le reenvía el conocimiento de una causa, no se allane al conocimiento de la misma. Por otro lado, el momento procesal para el inicio de un conflicto de competencias positivo, será aquel en el cual, la autoridad jurisdiccional que está conociendo una causa, rechaza una inhibitoria de un segundo juez que se considera competente para el conocimiento de la misma
- III.3.2. Trámite previo a la demanda de conflicto positivo de competencias jurisdiccionales
- III.3.3. El planteamiento del conflicto de competencias jurisdiccionales no requiere necesariamente de una demanda formal
- III.3.4. Legitimación activa y pasiva para suscitar los conflictos de competencias jurisdiccionales
- será planteada por cualquier Autoridad Indígena Originaria Campesina, cuando estime
- III.4. Ámbitos de vigencia de la jurisdicción IOC
- Fragmento 51
- Fragmento 52
- Fragmento 53
- III.4.1. Ámbito de vigencia personal
- …para una plurinacionalidad con complementariedad, armonía social y respecto, el primer elemento esencial para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, es la existencia de un vínculo personal, el cual debe ser interpretado de la manera más extensiva y progresiva posible a favor de un goce y ejercicio pleno del derecho a la libre determinación; en ese orden, este primer presupuesto, se tiene por cumplido en aquellos casos en los cuales exista un lazo cultural, ideomático, religioso, de cosmovisión o de otra índole entre los miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino; o cuando a través de la auto-identificación o cualquier otra declaración de voluntad, una o más personas generen un vínculo de pertenencia con una nación o pueblo indígena originario campesino…
- III.4.2.
- …todos los actos, hechos y conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron las naciones y pueblos indígena originario campesinos bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, son de conocimiento de la jurisdicción indígena originario campesina, por tanto, el ámbito de aplicación material de esta jurisdicción, debe ser interpretado de la manera más amplia y progresiva posible, para que se asegure la vigencia de la plurinacionalidad y el respeto al ejercicio pleno de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos
- …al amparo de la pauta de interpretación plasmada en el art. 29 inc. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
- III.4.3. Ámbito de vigencia territorial
- …es necesario establecer también que los actos hechos o conflictos que la jurisdicción indígena originaria campesina, histórica y tradicionalmente conoce bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, para cumplir con el ámbito de vigencia territorial, deben generarse o producirse en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las naciones o pueblos indígena originario campesinos; o en su caso deben surtir efectos en ella
- III.5. Los mandatos constitucionales para el acceso a la justicia plural y su cumplimiento: Informe Técnico TCP/STyD/UD/005/2018, Secretaría Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional
- los principios y valores plurales
- pluralidad de fuentes normativas
- procedimientos utilizados en el trámite previo
- coordinación y cooperación interjurisdiccional
- es atribuible principalmente a la formación monista y positivista del profesional en Derecho
- Así, en cuanto al ámbito académico
- III.6. Análisis del caso concreto
- III.6.1. Ámbito de vigencia personal
- lesiones graves y leves, robo agravado y daño calificado
- III.6.3. Ámbito de vigencia territorial
- 1º
- 2º
- 4° Que
- Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
- MAGISTRADO
- es imperante establecer que el pluralismo jurídico, genera como efecto en el modelo de Estado, la consagración de un pluralismo de fuentes jurídicas, aspecto que implica la superación del Estado monista
- impartir justicia
- “Artículo 34
- Artículo 35
- y al amparo de la pauta de interpretación plasmada en el art. 29 inc. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,