SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0601/2019-S3

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1804/2018 de 7 de agosto, de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0394/2018 de 4 de mayo y Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018; y, 2) Ordenar a la Administración Aduanera de Puerto Suárez que enmiende los datos conforme a norma aclarativa y se prosiga con el despacho aduanero hasta levante de la mercancía.

Jesús Orlando Cuani Rodríguez y Roxana Angélica Nogales Escobar, ex y actual Administradora a.i. de Aduana Puerto Suárez de la ANB, presentaron informe escrito el 1 de abril de 2019, cursante de fs. 408 a 414 vta., así como en audiencia, manifestando que: 1) La accionante, al pretender nacionalizar mercancía, adecuó su conducta en el presunto ilícito de contrabando en el marco de lo establecido en el art. 181 inc. b) del CTB, ya que realizó tráfico infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; 2) La acción tutelar no cumple los requisitos de admisibilidad, ya que no identifica los derechos o garantías que considera vulnerados y le falta el nexo de causalidad con los hechos denunciados; 3) La jurisdicción constitucional no puede constituirse en una instancia administrativa más; 4) La solicitud de corrección de la declaración única de importación, realizada por la impetrante de tutela en instancia administrativa, fue completamente improcedente; y, 5) El petitorio de la acción de amparo constitucional es incongruente por pedir se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018; por lo que, solicita se declare su improcedencia.

Con ese antecedente, corresponde precisar que la jurisprudencia constitucional desarrolló reglas y subreglas de aplicación general que fueron determinadas por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, determina: ‘Que, de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’.

Ahora bien, este elemento que configura la garantía del debido proceso, tiene su expresión en sus vertientes tanto procesal, como sustantiva: 1) La primera, destinada a garantizar que nadie pueda ser sancionado, sino, con base en un proceso desarrollado según los presupuestos procesales mínimos, que respeten las garantías fijadas por la Constitución Política de Estado y las leyes; y, 2) La segunda, que prohíbe que una conducta sea calificada como falta o delito, sin estar descrita taxativamente en la ley o norma general; asimismo, resulta pertinente enfatizar que en materia administrativa sancionadora, alcanzan validez las sanciones administrativas previstas a través de reglamentos fijados en el marco del principio de legalidad y con los requisitos esenciales exigidos para su aplicación. Además, requiere para su cumplimiento, la observancia de subprincipios insoslayables en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, como son los de tipicidad y taxatividad.

El principio de tipicidad conlleva la descripción de las conductas pasibles de sanción, que se encuentran establecidas por ley como una norma general -tomando en cuenta que la ley en sentido estricto, puede remitir esta función a la norma reglamentaria en materia administrativa sancionadora-; y, la adecuación de una conducta a los presupuestos que la ley describe como falta o delito; de lo contrario, en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, no se podría sancionar una conducta que no esté descrita como falta o delito.

El principio de taxatividad se traduce en la necesidad de fijar con claridad y precisión la conducta descrita por la norma general, en estricta observancia del principio de seguridad jurídica; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Vélez Loor vs. Panamá, a través de la Sentencia de 23 de noviembre de 2010 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 183, indicó:

…en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva (el resaltado es ilustrativo).