SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0801/2019-S1
Fecha: 04-Sep-2019
Fragmento 15
Posteriormente en la audiencia señalada ut supra, se emitió la Sentencia 129 de 20 de noviembre de 2017, señalando que: a) La demandante no probó los ingresos o salario que percibe el demandado, no obstante, si probó que tiene dos hijos menores de edad en formación escolar que tienen como padre a José Fleig Barba, demostrando que existe la obligación de que los menores sean asistidos; b) El demandado acreditó que tiene la profesión de abogado y que ello le genera ingresos; asimismo, demostró tener otras cargas y otros hijos; c) Estos aspectos no impiden que la asistencia familiar quede al margen; toda vez que, debe cubrir también las necesidades de los hijos con la demandante de acuerdo a sus ingresos; y, d) El art. 116.IV del CFPF establece que si el obligado no tiene ingresos, por lo menos se debe fijar un monto mínimo que no debe ser menor al 20% de un salario mínimo nacional, en consecuencia, se declara probada en parte la demanda fijándose una asistencia familiar en la suma de Bs800, a favor de sus dos hijos menores de edad (fs. 52 a 55).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- Fragmento 4
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- 1)
- concedió
- i)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- Fragmento 15
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
- i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales
- III.3. Revisión de la actividad interpretativa desarrollada por otros tribunales
- a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”
- Primera problemática
- Segunda problemática
- Tercera problemática
- Quinta problemática
- Sexta problemática
- Séptima problemática
- CONFIRMAR