SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0574/2020-S2

En ese sentido para el caso presente, se concluye que el cómputo de los seis meses previsto en el art. 55.I del CPCo, debe realizarse -como ya se indicó-, a partir de producida la omisión o lesión que desconoce derechos y garantías constitucionales, o desde el agotamiento de las vías legales ordinarias idóneas y efectivas, y no así desde la notificación con la Resolución 056/2019, que rechazó su solicitud de reconsideración conforme pretende el peticionante de tutela; máxime si antes de formular dicho pedido, la Resolución impugnada se encontraba ejecutoriada mediante Resolución 717/2018, pronunciada por el Honorable Consejo Universitario de la UMSA (Conclusión II.6); al respecto, la SCP 0950/2014 de 23 de mayo, concluyó que: “…cuando se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, el inicio del cómputo del plazo de los seis meses debe ser, a partir de la comisión de los actos denunciados o de notificada la última decisión administrativa o judicial cuando existan medios idóneos y específicos, toda vez que cuando se reclama ante instancias no competentes, por medios inidóneos o de forma extemporánea, éstos no interrumpen el plazo establecido de caducidad en las acciones de amparo constitucional, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica que impida la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional”  (las negrillas nos corresponden).

En ese antecedente, una vez que el accionante asumió conocimiento del aludido Auto de 30 de octubre de 2018, dejó transcurrir el plazo para interponer la presente acción de amparo constitucional después de fenecido el término de los seis meses, desnaturalizando con dicha demora uno de los principios que caracteriza a esta acción de defensa, como es la inmediatez; por cuanto, este mecanismo tutelar tiene por objeto proteger de forma inmediata los derechos y garantías fundamentales de las personas que consideren fueron vulnerados por actos ilegales u omisiones indebidas de funcionarios o particulares, conforme a los razonamientos jurisprudenciales glosados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de este fallo constitucional.