SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0592/2020-S4

Sucre, 20 de octubre de 2020

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: René Yván Espada Navía

Acción de Amparo Constitucional

Expediente: 32476-2019-65-AAC

Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 150 de 29 de noviembre de 2019, cursante de fs. 226 vta. a 228, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rolando Escalera Zurita contra David Valda Terán y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de noviembre de 2019, cursante de fs. 109 a 127, el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de un proceso penal seguido de oficio en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, a raíz de colisión en embestida seguida de muerte de Miguel Ángel Saravia Delgadillo, se determinó su detención preventiva, pese a que en audiencia presentó un memorial de desistimiento puro y simple, suscrito por Eugenia Delgadillo Jiménez y Eduardo Saravia Jiménez, padres de la víctima en su favor; habiéndose dispuesto posteriormente la cesación a la detención preventiva por Auto Interlocutorio 84/2017 de 25 de abril.

En tales antecedentes, Eduardo y Henry ambos de apellido Saravia Delgadillo, desconociendo el desistimiento, formalizaron querella en su contra bajo el argumento de que renunciaron al desistimiento y que sus padres suscribieron el mismo en un momento de aflicción; omitiendo considerar que la víctima era soltero y son sus padres quienes tienen capacidad jurídica.

Posteriormente, en audiencia de juicio oral, interpuso excepción de falta de acción penal al ser los querellantes terceros interesados, siendo resuelta por el Tribunal de Sentencia Penal de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, por Auto Interlocutorio 98/18 de 4 de septiembre de 2018, declarando fundada la excepción y apartando a los señalados querellantes del proceso, quienes interpusieron recurso de apelación incidental, que una vez respondido, fue remitido ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que mediante Auto de Vista 76 de 22 de marzo de 2019, declaró en el fondo procedente la apelación y revocó el Auto impugnado, ordenando la prosecución del proceso penal.

El señalado Auto de Vista 76, lesionó sus derechos, puesto que: a) No cuenta con un análisis de hecho y derecho, y omite otorgar valor a las actas de audiencias de consideración de: medidas cautelares, cesación a la detención preventiva, excepción de falta de acción y objeción a la querella, así como la jurisprudencia establecida en los Autos de Vista 217 y 219 de 22 y 27 de septiembre de 2017, pronunciados por la Sala Penal Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; b) Se consideró indebidamente el Poder Especial 163/2017 de 15 de abril, otorgado por los padres de la víctima en favor de los representantes, siendo que el desistimiento fue suscrito por los poder conferentes el 7 de abril del señalado año, es decir estando precluído su derecho; por lo que, no existe legitimación para proseguir el proceso; c) No es coherente lo afirmado por el fallo en sentido que el memorial de desistimiento no cuenta con reconocimiento de firmas de las autoridades competentes; dado que el desistimiento manifiesta la intención de no continuar con la causa; d) Constituye una aberración jurídica la afirmación en razón a que los incidentes y excepciones sean oponibles únicamente conforme prevería el art. 345 del Código de Procedimiento Penal (CPP); puesto que, es posible presentarlos en juicio oral; e) La Resolución no contiene un acápite referido a la “fundamentación y motivación” (sic), hecho que crea inseguridad jurídica en su desmedro; y, f) Constituye un fallo contrario a la Norma Suprema e incurre en prevaricato; ya que, no se revisó la objeción a la ampliación de la querella, la excepción e incidente de falta de acción presentadas por Mardela Zeballos Beltrán –codemandada en el proceso penal– los cuales fueron declarados admisibles y procedentes determinándose el apartamiento de los mencionaos representantes legales del proceso, decisiones que fueron refrendadas por los Autos de Vista 217 y 219, de la misma jurisdicción, que sí tomaron en cuenta el desistimiento suscrito por los padres del occiso.

Agregó que lo expuesto constituye cumplimiento de la carga argumentativa que permite a la jurisdicción constitucional el análisis de la actividad interpretativa desarrollada por las autoridades demandadas; por lo que, corresponde una nueva valoración con base a los parámetros establecidos en los indicados Autos de Vista y se anule el Auto de Vista ahora cuestionado, ya que los citados fallos se encuentran en un mismo rango.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; a la defensa; a la igualdad material de las partes y los principios de legalidad y verdad material; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 123 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 76 –de 22 de marzo de 2019–, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y se ordene dicte uno nuevo tomando en cuenta todas las pruebas adjuntas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 29 de noviembre de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 223 a 226, presentes el accionante y los terceros interesados, asistidos por sus abogados; y, ausentes las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a través de su abogado, reiteró los términos de la demanda de acción de amparo constitucional y ampliando la misma manifestó lo siguiente: 1) Los Vocales David Valda Terán y Zenón Rodríguez Zeballos, anteriormente pronunciaron el Auto de Vista 219, dando la razón respecto a la falta de acción y derecho; siendo paradójico en lo atinente al Auto de Vista 76 ahora cuestionado, que uno de los Vocales que analiza el mismo caso declare improbada la excepción señalada, hecho que constituye prevaricato; 2) El Auto de Vista 76 impugnado no fundamenta las razones por las que, los ahora terceros interesados, continúan como parte querellante; y, 3) El Auto Supremo (AS) 125/2019 de 5 de marzo, establece que el desistimiento de un proceso, no extingue la causa, empero, lo correcto y justo es que sea a instancia del Ministerio Público y sin la participación de los terceros interesados hasta obtener una sentencia condenatoria o absolutoria.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

David Valda Terán y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentaron informe escrito alguno, pese a su legal citación, cursante de fs. 133 a 134.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Eduardo y Henry, ambos, Saravia Delgadillo, por intermedio de su abogado, en audiencia señalaron que: i) El impetrante de tutela no dio cumplimiento a los requisitos que determina la jurisprudencia a objeto de la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria; ii) Los Autos de Vista 217 y 219, fueron pronunciados a consecuencia de pretensiones formuladas por las empresas ALLTEC BOLIVIA Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) y la empresa de Mardela Zeballos Beltrán y no así por el imputado, a raíz de la ampliación de la querella contra las citadas empresas; iii) El desistimiento fue rechazado al no cumplir con las formalidades, y no fue presentado por los padres de la víctima ni por el Ministerio Público, además no se dio cumplimiento a lo establecido en el acuerdo conciliatorio; iv) No se observó por el imputado en la etapa preparatoria su condición de querellantes y que no pudieran constituirse en parte civil; v) El Auto de Vista 76, es claro y preciso al señalar las razones por las que se les concede el recurso de apelación, al manifestar que el desistimiento no cuenta con reconocimiento de firmas emitido por autoridad competente y no existe constancia que se hubiera efectivizado; vi) El reclamo referido a la existencia de anteriores Autos de Vista, recién fue expresado a momento de solicitar la complementación del Auto de Vista ahora cuestionado; y, vii) Con referencia al Auto de Vista que indica el solicitante de tutela, dicho argumento viene siendo utilizado a fin de confundir a sus autoridades. Por lo que, piden se deniegue la tutela impetrada al no haber cumplido la parte accionante con la carga de la prueba.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 150 de 29 de noviembre de 2019, cursante de fs. 226 vta. a 228, concedió la tutela solicitada y dejó sin efecto el Auto de Vista 76, debiendo las autoridades demandadas dictar uno nuevo, bajo los siguientes fundamentos: a) Revisado el fallo, se tiene que, no se ha pronunciado sobre el contenido de los Auto de Vista 217 y 219; es decir, la obligación de las autoridades demandadas era precisamente indicar porque consideran que los argumentos contenidos en los dos Autos de Vista ofrecidos en calidad de prueba, no tienen relación con lo peticionado y lo resuelto por el Tribunal de primera instancia, respecto al hecho de que no se puede tomar en cuenta a los terceros interesados como querellantes; aspectos sobre los que corresponde pronunciarse; puesto que, la calidad de querellante tiene relevancia en los procesos de acción penal pública a objeto de la reparación de daños; b) El hecho de haberse formulado el desistimiento no implica que se tengan que cumplir ciertas reglas o acuerdos, aspectos que debieron ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada; y se debe explicar las razones por las que considera que los terceros interesados tengan calidad de querellantes; y, c) Por las razones expuestas se concluye que el fallo cuenta con insuficiente motivación y valoración con relación a los dos Autos de Vista existentes, en los que uno de los Vocales demandados expresó un criterio diferente; aspecto que fue reclamado a momento de solicitar la complementación y enmienda.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa acta de audiencia de juicio oral de 4 de septiembre de 2018, suscrita por José Mancilla Anajia, Saúl Vargas Mérida y Ana María Valverde Alave, todos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rolando Escalera Zurita –ahora accionante–, por la presunta comisión de los delitos de conducción peligrosa de vehículo, homicidio y lesiones graves en accidente de tránsito; se tiene que, la defensa del imputado, interpuso en audiencia una excepción de falta de acción, alegando en lo principal que, existe un anterior Auto de Vista 217 de 22 de septiembre de 2017, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que determinó que los querellantes no tiene legitimación activa al haberse suscrito con anterioridad un desistimiento por parte de los padres de la víctima, Eduardo Saravía Jiménez y Eugenia Delgadillo Jiménez en favor del imputado; y, que, el desistimiento mencionado no puede ser desconocido por los acusadores particulares (fs. 85 a 89 vta.).

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 98/18 de 4 de septiembre de 2018, pronunciado por los referidos miembros del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, se dispuso, declarar fundada la excepción de falta de acción interpuesta por el hoy impetrante de tutela; y, que en aplicación de lo previsto por el art. 312 del CPP, se archive el cuaderno procesal seguido contra el acusado (fs. 91 a 94).

II.3. Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2018, Eduardo y Henry, ambos Saravia Delgadillo, formularon recurso de apelación incidental, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del citado departamento, impugnando el Auto Interlocutorio 98/18 de 4 de septiembre del mencionado año (fs. 97 a 99).

II.4. Cursa memorial formulado el 16 de enero de 2019, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, Rolando Escalera Zurita, ahora accionante, respondió al recurso de apelación incidental interpuesto el 22 de noviembre de 2018, señalando en lo principal que: 1) Si bien, llegaron a un acuerdo conciliatorio y suscribieron desistimiento con Eduardo Saravia Jiménez y Eugenia Delegadillo Jiménez, padres de la víctima fallecida; sin embargo, posteriormente, en desconocimiento de la conciliación, los referidos padres otorgaron indebidamente poder en favor de sus hijos Eduardo y Henry, ambos Saravia Delgadillo, quienes en ejercicio de dicha representación, se apersonaron presentando escrito de acusación particular en desconocimiento de los acuerdos logrados; 2) No está solicitando que se extinga la acción penal ya que se trata de un delito de orden público; sino que, se considere que se llegó a un acuerdo y se reparó en la suma de $us8 000.- (ocho mil dólares estadounidenses) y se suscribió el respectivo desistimiento; puesto que, el citado poder carece de legitimidad; 3) El art. 178 de la Ley Fundamental, establece a la seguridad jurídica como un principio constitucional y en su aplicación lo actuado en su oportunidad surte efecto jurídico entre las partes; por lo que, no es justo ni legal que pese a arribar a un acuerdo y asumido la devolución del monto de dinero acordado, se pretenda seguir obteniendo mayor beneficio; y, 4) En etapa preparatoria fue interpuesto un incidente de falta de acción, cuestionando el accionar de Eduardo y Henry, ambos Saravia Delgadillo, habiéndose resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 27 de septiembre de 2017 (fs. 100 a 103 vta.).

II.5. Por Auto de Vista 76 de 22 de marzo de 2019, David Valda Terán y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ahora demandados, declararon admisible y procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Eduardo Saravia Delgadillo y Henry Saravia Delgadillo, contra el Auto Interlocutorio 98/18, e improbada la excepción de falta de acción y derecho interpuesta por Rolando Escalera Zurita ordenando en definitiva la prosecución del proceso penal conforme a derecho (fs. 104 a 107).

PRUEBA OFRECIDA

II.6. Cursa Auto de Vista 217 de 22 de septiembre de 2017, pronunciado por Victoriano Morón Cuellar y Mirael Salguero Palma, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Eduardo y Henry, ambos Saravia Delgadillo, contra el Auto Interlocutorio de 26 de junio de 2017, que a su vez admitió la objeción a la querella planteada por Mardela Zeballos Beltrán en representación de la empresa ALLTEC BOLIVIA S.R.L.; constando que el fallo de alzada señala entre sus argumentos que de los datos del proceso se tiene presentado un desistimiento de la acción civil por parte de Eduardo Saravia Jiménez y Eugenia Delgadillo Jiménez en favor de Rolando Escalera Zurita de 7 de abril de 2017, y que el mismo fue corroborado por la Fiscalía y presentado ante el Ministerio Público; y, que denunciantes hubieran afirmado que suscribieron un acuerdo; concluyendo con tales argumentaciones que al no existir daños civiles, en aplicación a lo dispuesto por el art. 292 del CPP, que prevé que el desistimiento pone fin o extingue la acción penal, la parte querellante no tiene legitimación o personería para querellarse (fs. 64 a 65 vta.).

II.7. Consta Auto de Vista 219 de 27 de septiembre de 2017, emitido por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Zenón Rodríguez Zeballos y David Valda Terán, éste último interviene por convocatoria legal de la misma fecha, declarando admisible e improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Eduardo y Henry, ambos, Saravia Delgadillo, contra el Auto Interlocutorio de 26 de junio de 2017, que a su vez admitió la excepción de falta de acción incoada por Mardela Zeballos Beltrán en representación de la empresa ALLTEC BOLIVIA S.R.L., en aplicación de lo previsto por los arts. 308 inc. 3) y 312 del CPP (fs. 82 a 84).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, a la defensa, a la igualdad material de las partes y los principios de legalidad y verdad material; puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, los Vocales demandados: Contradictoriamente a lo resuelto por ellos mismos en anteriores Autos de Vista, pronunciados dentro del mismo proceso penal, revocaron el fallo apelado, declarando improbada su excepción de falta de acción y ordenaron la prosecución del proceso penal sin explicar por qué los terceros interesados continúan como querellantes, siendo que en una objeción a la querella y en una excepción similar apartaron a los referidos querellantes, en consideración al desistimiento que ahora estiman insuficiente; asimismo, constituye una aberración jurídica, lo razonado con relación al art. 345 del CPP, respecto al momento de oposición de las excepciones e incidentes; y, valoraron indebidamente en vulneración del debido proceso, el Poder Especial 163/2017, otorgado por los padres de la víctima, siendo que con anterioridad, dichos poder conferentes, suscribieron el señalado desistimiento.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La Fundamentación y motivación como elementos componentes del debido proceso

Al respecto la SC 1684/2010 de 25 de octubre, estableció lo siguiente: “El recurso de amparo constitucional consagrado por el art. 19 de la CPE abrg y ahora previsto como acción de amparo constitucional en el art. 128 de la CPE, instituido como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, de personas individuales o colectivas, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por ella y la ley, naturaleza que legitima el ejercicio de la tutela de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales, identificados con las libertades o garantías individuales, siendo el medio idóneo para su resguardo o salvaguarda.

En ese marco tutelar de derechos y respecto a los invocados por la accionante, cabe manifestar que con relación al debido proceso, su naturaleza es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: Como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado, a la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ciñan estrictamente a reglas formales, de ello se colige que el debido proceso, consagrado en la actual Constitución Política del Estado como derecho fundamental por su art. 137, como garantía en sus arts. 115.II y 117.I, y como principio procesal en su art. 180; y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protege al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia oportuna y eficaz, como así de los posibles abusos de las autoridades que se originan no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones, implica que todas las autoridades que conozcan de un reclamo, solicitud o dicten una resolución, dictaminando una situación jurídica, deben exponer los motivos que sustentan su decisión. En este contexto, corresponde recordar la jurisprudencia establecida en cuanto a la motivación de las resoluciones emitidas en general y por los tribunales de alzada en particular; la SC 0577/2004-R de 15 de abril, señala: ‘…este Tribunal en la SC 0752/2002-R, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R 'que el derecho al debido proceso, en el ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión’.

Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le está permito a un juez o tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el juez de instancia obró conforme a derecho…; con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…’.

En ese sentido, los tribunales de apelación, al igual que los jueces de primera instancia, deben garantizar el respeto al debido proceso en todas las etapas y actuados que sean de su conocimiento, lo cual implica también el respeto a la igualdad, traducido en la emisión de sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, respondiendo a los agravios impugnados por quien recurre en apelación, puesto que se trata de resoluciones que conocen y resuelven las decisiones asumidas por los tribunales de instancia. Cabe aclarar, no obstante, que no se puede exigir como fundamentación una argumentación retórica intrascendente, sino más bien la adecuación de los hechos a la norma jurídica, como consta y se expone en las resoluciones de las autoridades demandadas, por lo que la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino más bien, exige una estructura de forma y de fondo que permita a las partes conocer cuáles son las razones que llevaron al juzgador a tomar la decisión” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. De la interpretación de la legalidad ordinaria

Al respecto, la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, instituyó lo siguiente: “Toda vez que la Constitución reconoce diversas jurisdicciones en las cuales las autoridades con plenitud de jurisdicción y competencia interpretan y aplican las normas al caso concreto, la jurisdicción constitucional no puede desconocer esa atribución y generar un desequilibrio entre jurisdicciones; aspecto que no ha sido comprendido y que en muchas ocasiones ha generado confusión en el foro jurídico. No obstante, teniendo en cuenta que las autoridades judiciales o administrativas son seres humanos; y por tanto, falibles se consideran aquellos casos de interpretaciones evidentemente lesivas a derechos fundamentales, arbitrarias o irracionales, situación en la cual, de manera excepcional puede el Tribunal Constitucional verificar: ‘…si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación…’".

Para que la justicia constitucional cumpla con su labor de revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, la SC 0718/2005-R de 28 de junio, estableció que, es necesario que: “…la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional” .

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, en la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, determinó lo siguiente: “…excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios; empero, es necesario que el accionante a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria cumpla ciertas exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera relevancia constitucional, como ser:

1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo;

2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación; y,

3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional”.

III.3. Límites y alcances de la jurisdicción constitucional en la valoración probatoria

Al respecto, la SCP 0577/2013 de 21 de mayo de 2013, dispuso los límites o auto restricciones a objeto de la valoración probatoria en sede constitucional, señalando que: “La jurisprudencia constitucional, además de establecer los límites para la procedencia de la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales, adoptó para sí -en la justicia constitucional- la teoría del self-restraint, desarrollada en la doctrina, con el objeto de delimitar los ámbitos entre ésta y la jurisdicción ordinaria. Esta teoría del selft-restraint, de autolimitación con un amplio respaldo en la República Federal de Alemania, dio sus primeros frutos en materia de justicia constitucional “Más allá de los límites que el Tribunal (Constitucional) tiene como cualquier órgano de poder, resulta muy importante que sepa autolimitarse, es decir, el self-restraint, que el activismo judicial no sea desbordado, que aplique con prudencia las técnicas de la interpretación constitucional, que jamás pretenda usurpar funciones que la Constitución atribuye a otros órganos, que siempre tenga presente que está interpretando la Constitución, no creando una filosofía o moral constitucionales”.

En ese sentido, la SC 1926/2010-R de 25 de octubre, determinó que: “…la valoración de la prueba resulta ser una atribución exclusiva de los jueces que ejercen jurisdicción y competencia en cada caso concreto, en ese sentido, debe señalarse que en relación a los roles propios de la función ejercida por los jueces y tribunales, el control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes presupuestos a saber: a) Conducta omisiva de los jueces o tribunales, que se traduzca en dos aspectos concretos: i) No recepción de los medios probatorios ofrecidos; ii) La falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos; y, b) Apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad.

Entonces, siguiendo el razonamiento plasmado en las SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R, entre otras, se tiene que solamente en el caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad para restituir así los derechos fundamentales afectados; en ese contexto, debe determinarse que el análisis de una valoración probatoria por parte del órgano contralor de constitucionalidad sin cumplir las subreglas desarrolladas supra, generaría una disfunción tal que convertiría a este Tribunal en una instancia casacional o de revisión ordinaria, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional. En este contexto, a la luz de un debido proceso, en el marco de los roles del control de constitucionalidad y de acuerdo a la problemática concreta, se establece que solamente ante la celosa observancia de las subreglas anotadas precedentemente, se abriría la competencia del órgano contralor de constitucionalidad...” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, a la defensa, a la igualdad material de las partes y los principios de legalidad y verdad material; puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, los Vocales demandados: Contradictoriamente a lo resuelto por ellos mismos en anteriores Autos de Vista, pronunciados dentro del citado proceso, revocaron el fallo apelado, declarando improbada su excepción de falta de acción y ordenando la prosecución del proceso penal sin explicar por qué los terceros interesados continúan como querellantes, siendo que en una objeción a la querella y en una excepción similar los apartaron en consideración al desistimiento que ahora estiman insuficiente; asimismo, constituye una aberración jurídica, lo razonado en el art. 345 del CPP, en relación al momento de interposición de incidentes y excepciones; y, finalmente, valoraron indebidamente el Poder Especial 163/2017, otorgado por los padres de la víctima, siendo que con anterioridad los mismos, suscribieron desistimiento.

De los antecedentes que cursan en el expediente de la presente acción tutelar, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Rolando Escalera Zurita por la presunta comisión de los delitos de conducción peligrosa de vehículos y homicidio en accidente de tránsito, en audiencia de juicio oral realizada el 4 de septiembre de 2018, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, la defensa del imputado, interpuso excepción de falta de acción, alegando en lo principal que, se hubiera llegado con los padres de la víctima, Eduardo Saravia Jiménez y Eugenia Delgadillo Jiménez a un acuerdo conciliatorio y consiguiente desistimiento de la acción penal. Por lo que, existe otro Auto de Vista 217, que en el mismo proceso, determinó que los querellantes –Eduardo Saravia Delgadillo y Henry Saravia Delgadillo– no tendrían legitimación activa al existir el señalado desistimiento.

Siendo resuelta la referida excepción por Auto Interlocutorio 98/18, pronunciado por los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del mencionado departamento, estos quienes declararon fundada la excepción y que en aplicación de lo previsto por el art. 312 del CPP, se archive el cuaderno procesal. Habiendo los querellantes interpuesto recurso de apelación incidental el 22 de noviembre de 2018, y una vez que respondió al mismo, fue resuelta por David Valda Terán y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandados– quienes, por Auto de Vista 76, declararon admisible y procedente el recurso e improbada la excepción indicada, ordenando la prosecución del proceso penal.

Así establecidos los antecedentes, se advierte que el accionante, a través de la acción de amparo constitucional que se revisa, cuestiona el señalado Auto de Vista 76, con los argumentos expuestos en su demanda y en la audiencia de consideración de la acción de defensa, alegando que sería carente de fundamentación y motivación.

En ese contexto, y con la finalidad de resolver la problemática descrita, corresponde analizar el mencionado Auto de Vista 76, en ese sentido se tiene que en el fallo cuestionado, los demandados expusieron los siguientes extremos: a) En su “CONSIDERANDO I” refirieron que el recurso fue presentado en los alcances de lo previsto por los arts. 403 y 404 del CPP y que es viable ingresar a analizar en el fondo conforme lo dispuesto por el art. 398 del citado Código; b) En el “CONSIDERANDO II” realizaron un resumen de los argumentos expuestos en el recurso de apelación y los indicados en el memorial de respuesta a la impugnación; c) En su “CONSIDERANDO III”, citando al art. 308 inc. 3) del mencionado Código, manifestaron que dicha norma otorga la posibilidad de interponer excepciones de previo y especial pronunciamiento como la excepción de falta de acción y derecho; luego pasaron a describir los requisitos de procedibilidad de la correcta promoción de la acción penal; d) En el “CONSIDERANDO IV”, indicando ingresar al análisis de fondo, manifestaron que: 1) El Tribunal a quo, a objeto de declarar probada la excepción de falta de acción y derecho, hubiera referido en lo principal que existiría ausencia de legitimación activa de los querellantes por existir un desistimiento y que no se encontrarían cumplidos los presupuestos señalados por los art. 308 inc. 3) y 312 del CPP; 2) Afirman, que de la revisión de actuados es evidente la existencia de un memorial de desistimiento de 7 de abril de 2017, presentado por los padres de la víctima Miguel Ángel Saravia Delgadillo; no obstante, el mismo no cuenta con reconocimiento de firmas de Notario de Fe Pública, no se adjunta además el Acuerdo Transaccional al que llegaron las partes para la reparación del daño o los términos de forma clara; 3) Al no haberse interpuesto de manera oportuna la objeción de querella y tratarse de un acto de la etapa preparatoria, el cual debió ser subsanado en la indicada etapa; por lo que, concluyen que el Tribunal a quo valoró erradamente la excepción de falta de acción en etapa de juicio oral, no constituyendo defecto absoluto sino solo de forma y que puede ser subsanado en la etapa correspondiente; 4) En relación a lo afirmado por el Tribunal de primera instancia, alegan que se debe comprender que el delito acusado es de acción penal pública conforme prevé el art. 16 de la norma adjetiva penal, no siendo necesario que accione la víctima; dado que, acorde a lo dispuesto por el art. 17 del indicado Código, cualquier persona puede denunciar; asimismo, en el caso, al tratarse de un delito de acción pública, no existe un mal proceder de Eduardo y Henry, ambos de apellidos, Saravia Delgadillo, pues es deber del Ministerio Público seguir de oficio la acción penal, no siendo posible declarar extinguida la acción a consecuencia de un desistimiento y menos por una excepción de falta de acción al no evidenciarse que la acción estuviese mal promovida o que existiría impedimento legal para proseguirla, habiendo dejado, la defensa del imputado, precluir los medios de defensa a objeto de evitar la existencia de una querella particular y/o una acusación particular; y, 5) Concluyendo que el Tribunal a quo, incurrió en errónea valoración de la excepción formulada en etapa de juicio oral y el incidente no es sobreviniente; por lo cual, corresponde revocar dicha decisión.

Del análisis del Auto de Vista 76, se tiene que éste omitió tomar en cuenta, actuaciones procesales anteriores, como ser una anterior excepción de falta de acción y una objeción a la querella, interpuestas por Mardela Zeballos Beltrán en representación de la empresa ALLTEC BOLIVIA S.R.L., que dieron lugar a pronunciamientos contendidos en los Autos de Vista 217 y 219, pese a que dichos extremos fueron expuestos por la defensa del accionante a momento de interponer la excepción de falta de acción, en audiencia de juicio oral de 4 de septiembre de 2017; y constan en el memorial de el 17 de enero de 2019, por el que la defensa del impetrante de tutela, respondió al recurso de apelación incidental que dio origen al Auto de Vista 76 ahora cuestionado; siendo dicha omisión de relevancia constitucional; toda vez que, se advierte que en el señalado Auto de Vista 217, a objeto de establecer que correspondía la objeción a la querella, se consideró en lo principal la existencia de un desistimiento de la acción civil por parte de Eduardo Saravia Jiménez y Eugenia Delgadillo Jiménez en favor de Rolando Escalera Zurita de 7 de abril de 2017, concluyendo en el referido fallo, que al no existir daños civiles la parte querellante no tiene legitimación o personería para querellarse; criterio contrario al expuesto en el Auto de Vista que se analiza; asimismo, el Auto de Vista 219, resuelve otra excepción de falta de acción interpuesta por Mardela Zeballos Beltrán, aunque en tal oportunidad sí se estableció como probada dicha excepción.

De lo anteriormente expuesto, se concluye que la Resolución pronunciada por los Vocales ahora demandados, no expone con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan, creando duda respecto a los argumentos que determinaron la decisión, evidenciándose que el fallo, no da certeza de la valoración del desistimiento de 7 de abril de 2017, en relación a pronunciamientos anteriores emitidos en el mismo proceso. Por lo que, atañe conceder la tutela solicitada en relación al debido proceso en su elemento de debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, debiendo a los demandados pronunciar nueva resolución debidamente fundada y motivada.

Respecto al reclamo de incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria, en relación a lo previsto por el art. 345 del CPP; se tiene que, a objeto de sustentar dicho reclamo, el impetrante de tutela, se limitó a argumentar que constituiría una aberración jurídica, lo razonado por los demandados con relación a lo dispuesto por el referido artículo, en sentido que los incidentes y excepciones sean oponibles en un solo acto procesal, siendo que es posible presentarlos en juicio oral.

Dicha argumentación resulta insuficiente; toda vez que, conforme a lo referido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, de manera general, no concierne a la jurisdicción constitucional la labor de interpretación de la legalidad ordinaria, y si bien, excepcionalmente es posible a la señalada jurisdicción analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios; sin embargo, tal posibilidad se encuentra condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias referidas a: explicar por qué la labor interpretativa impugnada resultaría insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente; la identificación de las reglas de interpretación que fuesen omitidas por la autoridad judicial o administrativa; la precisión de los derechos o garantías constitucionales que hubieran sido lesionados con dicha interpretación; y, el establecimiento del nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda y los derechos y/o garantías lesionados con la interpretación cuestionada y el establecimiento de la relevancia constitucional. Aspectos que no fueron observados por el impetrante de tutela, quien se limitó a señalar que existiría lesión del debido proceso en relación al principio de seguridad jurídica y a expresar su desacuerdo con lo razonado por los Vocales demandados; por lo que, no es posible dilucidar en el fondo el referido reclamo.

Finalmente, respecto al cuestionamiento de existencia de vulneración del debido proceso en su elemento de valoración probatoria, se advierte que el impetrante de tutela, se limitó a cuestionar que los demandados hubieran valorado indebidamente el Poder Especial 163/2017, otorgado por los padres de la víctima, siendo que los indicados poder conferentes, con anterioridad suscribieron desistimiento a favor del ahora solicitante de tutela.

En ese contexto, se debe recordar que, conforme el entendimiento jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la valoración de la actividad probatoria es propia de los jueces y tribunales ordinarios; y, solo es posible el control de constitucionalidad en relación a dicha valoración, cuando se hubiera determinado una conducta omisiva de la autoridad demandada, por no haber recibido los medios probatorios ofrecidos, existencia de falta de compulsa de medios de prueba ofrecidos o apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad. Extremos que no se advierten en la presente causa; toda vez que, no se establece que no se hubieran recepcionado los medios de prueba; o, que habiendo sido recepcionados, no fueron compulsados, o que la compulsa se encontraría alejada de los marco de razonabilidad, objetividad y proporcionalidad. Consiguientemente, respecto al señalado reclamo, corresponde denegar la tutela solicitada.

Por otra parte no se evidencia cómo se hubiera lesionado el derecho a la defensa y a la igualdad de las partes, y por el contrario se constató que el accionante viene ejerciendo su derecho a la defensa; por lo que, respecto a dichos reclamos aplica la denegatoria de la tutela; y no concierne pronunciarse en cuanto a la vulneración de principios como el de verdad material a través de la presente acción de defensa.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, evaluó de manera parcialmente correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR parcialmente la Resolución 150 de 29 de noviembre de 2019, cursante de fs. 226 vta. a 228, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 76 de 22 de marzo de 2019, pronunciado por las autoridades demandadas, y se emita uno nuevo debidamente instaurado y motivado, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y,

2º DENEGAR, en relación a los derechos a la defensa, a la igualdad material de las partes y los principios de legalidad y verdad material.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO