SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0686/2020-S3
Fecha: 28-Oct-2020
II.3.
II.3. Por requerimiento de medidas de protección de 30 de abril de 2019, la Fiscal de Materia ordenó a la accionante a cumplir en favor de Leonardo Ajata Ramírez -ahora fallecido- con las siguientes medidas de protección: prohibición de comunicarse con la víctima para intimidar o molestar, agredir física o psicológicamente por cualquier medio o a través de terceras personas, realizar acciones de intimidación amenazas o coacciones a los testigos de los hechos de violencia (fs. 78 y vta.). Mediante Resolución de 20 de mayo de igual año, la Fiscal de Materia, ordenó a las hoy accionadas cumplir con las siguientes medidas de protección en favor de la accionante: la prohibición de agredir física y psicológicamente; de no amenazar, intimidar o molestar a la denunciante por cualquier medio, además que toda la atención médica a Leonardo Ajata Ramírez debe ser comunicada a la accionante (fs. 10 y vta.). Cursa Resolución de 28 de noviembre de ese año emitida por la Fiscal de Materia, ordenando a la accionante a cumplir con las siguientes medidas de protección en favor de la accionada Dora Ajata Flores: prohibición de comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, así también cualquier acto de violencia que afecte su estado emocional (fs. 82).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional ante la existencia de medidas de hecho
- a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia
- La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela;
- la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica
- sólo deberá someter la demanda de calificación de daños y perjuicios a los siguientes criterios: i) la pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra, y ii) los gastos que la parte recurrente ha tenido que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado
- percibe sin necesidad de un proceso controversial
- III.3. Análisis del caso concreto
- i)
- lucro cesante y daño emergente