SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0825/2020-S3
Fecha: 16-Nov-2020
II.5.
II.5. Mediante Cite 03/19 de 10 de abril de 2019, Javier Veliz Ignacio y Daniel Gonzáles Torrico, ambos integrantes de la Dirección Académica “C.O.A.F.S.CH.”, dirigido a la impetrante de tutela con referencia “Fallo Dirección Académica” señalando que habiendo escuchado a las partes y en base a los estatutos internos dentro de la institución revisando el Reglamento de Faltas y Sanciones según el art. 41; además, de velar el bienestar laboral de la institución, resuelven expulsarla de su “ENTE REFERIL” a partir de la fecha de recepción, misma que fue notificada a la peticionante de tutela la fecha antes mencionada; teniendo memorial de impugnación contra dicha determinación de 17 de abril de 2019, alegando que la nombrada Dirección Académica no tenía atribuciones para sancionarla, ya que habría usurpado funciones del “Comité Disciplinario”, violando el art. 122 de la CPE; aclarando además que la sanción de la que fue objeto no se adecuaba a su condición de árbitro, considerando que la misma es aplicable para directivos (fs. 2 y 8 a 10).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Por ello, ante la negativa de cumplir una resolución judicial, el accionante tiene la obligación ineludible -a objeto de observar el principio de subsidiariedad - de acudir ante la misma autoridad que la pronunció, para que con la facultad que la ley le confiere y actuando dentro del marco de sus funciones, ordene el cumplimiento de sus determinaciones. Entre tanto ello no ocurra y no se agote esa vía, la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional impide que se realice un examen de fondo de la problemática planteada a efecto de resolver los extremos denunciados; razonamiento sustentado en el criterio que la labor de hacer cumplir una decisión judicial no le corresponde a la jurisdicción constitucional y menos mediante esta acción tutelar, sino únicamente agotada dicha instancia y ante la reiterada omisión manifiesta del órgano encargado de su ejecución se abrirá la posibilidad de interponer esta acción, pero no para la ejecución de la Resolución incumplida, sino en resguardo de la garantía del debido proceso del cual emerge la obligatoriedad de cumplimiento de las órdenes y resoluciones judiciales.
- III.2. Análisis del caso concreto
- en grado de revisión de oficio, revoca la concesión u otorgación de tutela
- REVOCAR
- 2°