SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2020-S1

Enzo Windsor Rosales Cossío, Gerente de Seguros COSSMIL, por intermedio de su representante legal, en audiencia mencionó que: a) Con la Ley de Pensiones, se derogaron todos los seguros que constituyen a largo plazo, al igual que las prestaciones especiales; por tanto, el hecho de que se pueda seguir pagando el aporte que reclama la peticionante de tutela, depende de que el Estado efectúe aportaciones, que no se dan actualmente; b) El sector activo determinó incrementar el aporte, a efecto de alcanzar la sostenibilidad y el pago del régimen especial, que comprende al capital asegurado de muerte; empero, el sector pasivo se negó a incrementar los aportes; en el caso concreto, existe insostenibilidad de ingresos y si bien está concluido el estudio matemático actuarial, el mismo está sujeto a valoración y aprobación por parte de la Junta Superior de Decisiones;    c) El causahabiente de la demandante de tutela, no cumplió con los aportes de manera continua y por tanto desconoció el sistema solidario; y d) La prestación es complementaria y no básica, como el derecho a la salud y renta de la que es beneficiaria la impetrante de tutela y según normativa, le corresponde la devolución de aportes y no el pago de capital asegurado de muerte.

…el anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La                      SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: “…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales”; b) La SC 278/2006-R de 27 de marzo, señaló: “…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos”; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: “…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…”; d) La              SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: “…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante”; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: “…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…”.