SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0224/2020-S2

c)       En relación a los errores in judicando en los que habría incurrido la Jueza de la causa, refirió que está interpretó erróneamente el       art. 309 del CPP y vulneró el art. 314 del mismo cuerpo legal. Señala que la Jueza confunde la excepción de prejudicialidad con la doctrina del contrato criminalizado y se equivoca cuando rechaza la excepción bajo el argumento que la finalidad del proceso penal es sancionar una conducta engañosa producida mediante un contrato. El apelante manifestó que el motivo de la excepción de prejudicialidad planteada, que no cuestionó la naturaleza civil o penal del contrato, fue determinar la existencia de elementos objetivos del tipo penal; en el caso en concreto, mediante el proceso civil de resolución de contrato seguido en Potosí; motivo por el cual pidió que el proceso penal debía suspenderse hasta que se constate la existencia de tales elementos del tipo.

Sobre la lesión del art. 314 del CPP, José Antonio Valda Fernández señaló que el legislador dispuso que el plazo para interponer excepciones se computa desde la notificación judicial con el inicio de investigación preliminar, el cual no corre sin la existencia de dicho actuado; motivo por el cual, la Jueza de la causa se equivocó al computar el plazo desde la declaración del imputado y el señalar que la citación evidenció que sí tuvo conocimiento del inició de investigación; cuando en los hechos no existe ninguna evidencia que se haya realizado dicho actuado en la ciudad de Potosí o que este hubiese sido emitido por la autoridad judicial.

Finalmente el apelante señaló que la notificación que el Fiscal de Materia realiza con el inicio de investigaciones (que no se cumplió en su caso), no equivale a la notificación judicial exigida por Ley, y que su incumplimiento implicaba la lesión del debido proceso. Por tal motivo, cuando la Jueza de Instrucción Penal Decima de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró que las excepciones fueron extemporáneas, computando el plazo desde el momento de la declaración informativa; vulneró el art. 314 del CPP, al no haber ingresado al fondo de lo solicitado;

Los agravios previamente expuestos fueron de conocimiento de las autoridades de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes por intermedio del Auto de Vista 154, revocaron el Auto Interlocutorio 450/17, en consecuencia, declararon probada la excepción de incompetencia en razón de materia interpuesta por el imputado José Antonio Valda Fernández y ordenaron la remisión de antecedentes al distrito judicial de Potosí; decisión que fue asumida conforme a los siguientes fundamentos:

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

[6]El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

[7]El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

[8]El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

[9]El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

[10]El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.