SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0321/2020-S3

De lo manifestado por la parte impetrante de tutela, se advierte que el objeto procesal identificado en la presente acción tutelar se enmarca en la actuación del Juez Público Civil y Comercial Segundo de Tupiza del departamento de Potosí -ahora accionado-, que a decir de la parte peticionante de tutela incumplió con su deber de hacer ejecutar la Sentencia 017C/2014 de 10 de febrero, emitida en su favor dentro del proceso de usucapión extraordinaria, donde se los declaró propietarios del bien inmueble objeto del proceso, pues la indicada autoridad judicial en vez de dar curso a sus varias solicitudes y conminar al ente edil a que proceda a aprobar sus planos para que posteriormente pueda inscribir su derecho propietario en DD.RR. y así dar cumplimiento a lo determinado en el fallo de instancia, de forma arbitraria y denotando una actuación parcial dispuso que se debe estar a los informes emitidos por el GAM de Tupiza, y una vez interpuesto el recurso de reposición contra la última determinación emitida en este sentido, el referido Juez accionado rechazó el mismo manteniendo incólume la providencia impugnada.

Identificada la problemática planteada, y a fin de tener una cabal comprensión de lo suscitado en el proceso en cuestión, corresponde en principio señalar que la Sentencia de la cual la parte accionante denuncia la falta de ejecución por parte del Juez de la causa, tras no dar curso a sus varias solicitudes de conminatoria, emerge del proceso ordinario de usucapión seguido por Aniceto Cáceres Córdova y Hortencia Martínez de Cáceres -ahora impetrantes de tutela- contra Fernando Aramayo, María Teresa Silva Vda. de Aramayo y/o herederos, dentro del cual, y ante la citación efectuada al GAM de Tupiza en aplicación del art. 131 de la LMabrg, por memorial de 28 de agosto de 2012, el Alcalde Municipal a tiempo de apersonarse al proceso informó al Juez de la causa que de conformidad al Informe CITE: IKVM/CU/144/12 de 5 de junio de 2012, emitido por la Jefa de la Unidad de Catastro Urbano del citado Gobierno Municipal, no existía documentación respecto al bien inmueble ubicado en la zona Chajrahuasi de 2 924 m² a nombre de Aniceto Cáceres Córdova y Hortencia Martínez de Cáceres y/o Fernando Aramayo, María Teresa Silva Vda. de Aramayo y herederos, pero que según informe de la Dirección Financiera de Recaudación y Fiscalización existía un registro a nombre de Aniceto Cáceres Córdova con referencia al pago de impuestos, concluyendo que el inmueble era de propiedad privada (Conclusión II.1).

Posteriormente en la audiencia de inspección judicial realizada el 1 de agosto de 2013, el Responsable de Catastro del ente Municipal, hizo notar que no obstante los trabajos realizados en el predio, debe tenerse en cuenta que el mismo colinda con la quebrada; por lo que, el demandante debe adecuarse a las normas legales (Conclusión II.2).