SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0322/2020-S3

Fabiola Merced Álvarez Apaza, Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 30 de octubre de 2019, cursante de fs. 165 a 168, y en audiencia, manifestó que: i) No se puede dividir el proceso de homologación y el de liquidación, ambas partes acordaron que el accionante pagaría una suma mensual de Bs4 200.- (cuatro mil doscientos bolivianos) por pago de asistencia familiar, notificándose todos los actuados en Secretaría de Juzgado, y al encontrarse ejecutoriada la Resolución de homologación no corresponde investigar el domicilio del accionante o notificarlo por edictos; por cuanto, ambas partes señalaron como domicilio procesal Secretaría de su despacho; empero, como el proceso estaba en prearchivo se practicó una liquidación por parte de la demandante en el proceso familiar, por lo que se ofició al SERECI y al SEGIP, y al encontrar contradicción, dispuso la notificación por edictos; ii) El art. 308 del CFPF se aplica en la citación con la demanda; sin embargo, la notificación con el desarchivo y la liquidación es diferente; iii) De ninguna manera se podía designar al accionante un Defensor de Oficio, porque los arts. 308 y 309 del citado Código prevén esa situación solamente en la citación con la demanda; iv) El accionante tuvo la oportunidad de plantear incidente de nulidad de obrados, observación de liquidación y cesación de asistencia familiar y la suscrita los pudo considerar, más aun si alega un delicado estado de salud y se encuentra privado de libertad, pero no debió acudir directamente a la vía constitucional adjuntando los recibos de los pagos efectuados; v) Se debe tomar en cuenta a la SC “0223/2010-R”, que establece que cuando existan otros mecanismos intraprocesales idóneos, eficientes y oportunos para restituir los derechos a la libertad y persecución o procesamiento indebido deben ser usados previamente; y, vi) El mandamiento de apremio librado contra el accionante tiene respaldo legal en los arts. 127 y 415 del CFPF.