SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0521/2020-S3

           Como podrá observarse, los plazos que se establecen entre uno y otro actuado, varían de dos a tres días como máximo, se entiende, por la urgencia que representa la resolución pronta de la denuncia efectuada, pues en función de ello, podrá el trabajador -en los casos que corresponda- reincorporarse prontamente a su fuente laboral, sin que ello signifique mayor perjuicio y menoscabo económico. De ahí que, si bien la norma señalada no establece plazo para la emisión de la Resolución Administrativa que conmine a la reincorporación del trabajador a su fuente laboral, o por el contrario rechace dicha solicitud, se entiende que esta debe ser emitida en un plazo prudencial que guarde relación con los plazos establecidos para el resto de los actuados previos a la emisión de la misma y que no implique perjuicio tanto para el solicitante como para el empleador, en el entendido que el trabajador debe tener respuesta a su denuncia lo antes posible a objeto de asumir medidas alternativas o acudir a las instancias que considere pertinentes, y el empleador por su parte, de la misma forma, sin dejar pasar largos periodos de tiempo.

           Consiguientemente, cuando se hace referencia a un plazo prudencial o razonable, estamos hablando de cinco días, que dada la premura que reviste la denuncia efectuada, se considera moderado o suficiente, tomando en cuenta además la carga procesal que pudiera tener la autoridad encargada, esto en virtud a que una conminatoria emitida de manera extemporánea, es decir, mucho tiempo después de efectuada la denuncia, pierde eficacia, y resulta incluso perjudicial a los derechos e intereses tanto del trabajador así como del empleador, porque el primero, a raíz de la falta de pronunciamiento de la Autoridad del Trabajo, estará en una situación
de incertidumbre sin saber si seguir aguardando la misma, en espera de una respuesta positiva, o por el contrario, desistir e intentar nuevas posibilidades laborales; y por otro lado el empleador, tendrá vacante ese puesto de trabajo lo que le significa menor mano de obra, y en el supuesto de emitirse una orden de conminatoria, deberá pagar al trabajador, los sueldos devengados por un trabajo que jamás se realizó, máxime si la norma de referencia, dispone que la conminatoria de reincorporación debe ser cumplida por el empleador en el plazo máximo de tres días hábiles, improrrogables a partir de la notificación con la misma; por lo que, resultaría incoherente que, la autoridad de la que emana la señalada orden de reincorporación, emita la misma en un largo periodo de tiempo y que a su vez exija el cumplimiento de la misma en el plazo improrrogable de tres días, no existiendo congruencia entre ambos extremos.

           El razonamiento desarrollado precedentemente, busca el ineludible cumplimiento de los plazos establecidos para el trámite de reincorporación laboral ante las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo y la pronta emisión de la conminatoria de reincorporación laboral por parte del titular de dicha repartición estatal, como una forma de agilizar la restitución del derecho del trabajador que se considera injusta o indebidamente despedido de su fuente laboral, en virtud a la importancia del derecho al trabajo que significa para la subsistencia del trabajador, siendo por ello, deber de este Tribunal, la protección del mismo ante situaciones en las que se vea perjudicado a raíz de la actuación negligente y tardía de los funcionarios administrativos que conocen denuncias de despidos injustificados, cuya labor, por el contrario, es actuar con rapidez y diligencia; por lo que, se debe dar certeza al trabajador que denuncia dichos extremos, en cuanto a que su denuncia será rápidamente atendida y no por el contrario, que ante el desconocimiento del procedimiento, el trabajador permanezca en espera de una resolución, por un tiempo prolongado que lejos de reparar la presunta lesión de sus derechos los dilata».

           Bajo este marco jurisprudencial, en el presente caso, se advierte que, la hoy impetrante de tutela presentó su solicitud de reincorporación el 4 de abril de 2019, emitiéndose el 8 de igual mes y año, el documento de única citación que fijó audiencia ante la instancia administrativa laboral para el
25 de dicho mes y año, siendo recibido en la misma fecha por el Jefe Operativo de RR.HH. de la entidad empleadora; data en que se expidió el informe respectivo por la Inspectora de Trabajo de la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, dictándose recién el 2 de mayo del referido año, la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/JI/CONM 022/2019, la cual fue notificada a las partes con posteridad; vale decir, el 5 de junio de igual año; existiendo un tiempo considerable entre el pedido de reincorporación y la audiencia ante la Inspectora de Trabajo; por otra parte, también transcurrió más de un
mes entre la emisión de la citada Conminatoria y la notificación de las partes con la misma.

           Ante la dilación en el trámite relacionado con la reincorporación laboral, y a fin de que la instancia administrativa se ajuste a los plazos y procedimientos establecidos normativamente y reforzados a través de una interpretación jurisprudencial, en procura de alcanzar la necesaria celeridad de los referidos trámites ante las Jefaturas Departamentales o Regionales del Trabajo, corresponde llamar la atención a Yngly Hallizon Riglos Alcaraz, entonces Jefe Departamental de Trabajo a.i. de Santa Cruz, disponiendo la expresa notificación con el presente fallo constitucional a dicha instancia administrativa, a objeto de que en futuras solicitudes de esta índole cumpla con los plazos establecidos al efecto.