SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0525/2020-S3

              En todo caso, cuando se interpone una acción de amparo constitucional contra decisiones emergentes de un anterior medio de defensa tutelar, corresponde que el Tribunal o Juez de garantías, inexcusablemente en la fase de admisibilidad, declare improcedente dicha acción, pues proceder con la tramitación del mismo, resulta una actuación que desnaturaliza una de las características de las acciones de defensa como es la inmediatez, y obstaculiza el cumplimiento de la primera resolución constitucional, en franca contradicción no solo a los principios constitucionales que rigen en la materia, sino también –como se dijo– al acceso efectivo a la justicia previsto en los arts. 115.I de la Norma Suprema; 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, postulados que tienen que ser concretizados ─con mayor razón─ por los Jueces y Tribunales de garantías, pues su labor se convierte en una figura central y esencial a la hora de solucionar algún conflicto que se somete a su conocimiento, tomando en cuenta el ‘principio de irradiación constitucional’; GUASTINI, R., La ‘Constitucionalización’ del ordenamiento jurídico: El caso italiano. En ‘Neoconstitucionalismo (s)’, edición de Miguel Carbonell, editorial Trotta S.A., Madrid 2003, págs. 62 y ss”.

              Dentro de esta lógica procesal-constitucional y en concomitancia con los alcances de regulación de la activación de procesos constitucionales ante la existencia de una antelada acción de defensa, de manera reiterada se ha sostenido la imposibilidad de accionar la vía constitucional tutelar para pretender el cumplimiento de lo determinado en otra acción de defensa; así, la SCP 0666/2018-S1 de 22 de octubre, sostuvo que: “Por lo precedentemente expuesto, es necesario referir que existe la vía idónea para efectivizar el cumplimiento de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, conforme lo previsto en el art. 16 del CPCo, que establece que: ‘I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción’.