SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0600/2020-S3

El 7 de diciembre de 2019, la autoridad ahora accionada junto con otras personas “de la base” procedieron a sacarla de su domicilio “…solo con la ropa que llevo puesta, y algunas cosas de mis hijos…” (sic), sin permitirle sacar documentación alguna, indicando que tomaron la decisión de expulsarla porque su cónyuge y padre de sus dos hijos menores de edad estaba involucrado en un hecho delictivo, relativo a la presunta comisión del delito de tentativa de violación. De esa manera, se vio obligada a cerrar su casa y salir de ese lugar, estando prohibida de regresar. Por esa razón, no teniendo otra instancia donde reclamar dicha ilegalidad, interpuso la presente acción de amparo constitucional.

Si bien su cónyuge y padre de sus dos hijos menores de edad, Bresner Igimani Quete, quien es el beneficiario titulado de la comunidad campesina El Sena, está siendo procesado por la supuesta comisión del delito de tentativa de violación, se debe considerar que los delitos son personales; por lo que tomando en cuenta que su persona ni sus hijos tuvieron participación en el mencionado hecho, fue despojada arbitrariamente de su vivienda.

Los dirigentes de la comunidad campesina El Sena a título de control social, asumieron atribuciones de otras autoridades, ya que existen vías idóneas donde podían solicitar su desalojo, si correspondía; pero, de ninguna manera se encontraban facultados para expulsarla como lo hicieron, sin medir las consecuencias. Así, siendo madre soltera se encuentra fuera de la referida Comunidad Campesina con sus dos hijos menores de edad, sin poder castañear justo en la época donde podía generar dinero para sobrevivir el resto del año. Esa situación afectó su economía por ser el único sustento para su sobrevivencia; añadiendo que inmediatamente después de su expulsión, el hoy coaccionado fue posesionado en la parcela de terreno que le pertenece, donde estaría castañeando junto con toda su gente.