SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0097/2021-S3
Fecha: 26-Abr-2021
De los agravios expresados en la apelación interpuesta por el impetrante de tutela contra la Resolución A.I. 158/2014 de 19 de septiembre
Al exponer sus reclamos contra el referido fallo que resolvió la excepción de impersonería planteada, el ahora peticionante de tutela, sostuvo que la Resolución A.I 158/2014, contenía una incorrecta valoración de la prueba y del precedente; toda vez que, la certificación de FUNDEMPRESA contenía el valor probatorio establecido por el art. 1296.I del CC, en concordancia con el
art. 159 del CPT, acreditando que Pedro Huaycho Huaycho ejercía la representación legal de la empresa, debiendo citársele con
la demanda conforme prevén los arts. 110, 112 y 117 del mismo Código adjetivo, concordante con el art. 70 del CPC, todos estas normas vinculadas con el art. 314 del CCom; y que al mantenerlo como representante legal, se puso en peligro su derecho a la libertad de locomoción y al debido proceso.
Asimismo, refiere que se desconoció el precedente vinculante de la
SCP 1932/2012, que si bien emerge de un proceso ejecutivo, el criterio es aplicable a todas las causas sin distinción al haberse pronunciado sobre la citación errónea de quien no funge la representación legal de una sociedad anónima; similar situación acontecida con la
“SCP 0540/2013”, estableciendo que debe citarse al representante legal y además, acreditar las facultades de disposición de patrimonio de la empresa; en ese marco, el Juez de la causa vulneró lo previsto por los arts. 203 de la CPE, 8 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), y
15 del CPCo.
Con base en lo expresado, el recurrente concluyó que la
Resolución A.I. 158/2014 no podía avalar una citación que incumple requisitos de validez por ser nula al no ajustarse a lo previsto en el Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente según dispone el
art. 252 del CPT, puesto que, no se citó al representante legal de la empresa conforme las reglas del art. 70 del CPC concordante con los
arts. 110, 112 y 117 del CPT, nulidad que sería expresa en el marco de lo dispuesto por el art. 17.III de la LOJ.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional
- I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- Fragmento 8
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
- la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador,
- la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
- Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos
- el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión
- III.2.
- De los agravios expresados en la apelación interpuesta por el impetrante de tutela contra la Resolución A.I. 158/2014 de 19 de septiembre
- Del Auto de Vista 133/2019 de 28 de junio
- excepción de impersonería
- nulidad
- CONFIRMAR