SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0305/2021-S4

           Con relación a la protección del derecho a la salud de personas privadas de libertad en pandemia por la COVID-19, si tomamos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Informe: Preparación, prevención y control para el COVID-19 en prisiones y otros lugares de detención de 15 de marzo de 2020, estableció que: “Debe prestarse mayor atención a medidas no privativas de la libertad en todas las etapas de la administración de justicia penal, incluso en el prejuicio, juicio y sentencia, así como después de la sentencia. Se debe dar prioridad a las medidas no privativas de la libertad para presuntos delincuentes y presos con perfiles de bajo riesgo y responsabilidades de cuidado, con preferencia para mujeres embarazadas y mujeres con hijos dependientes”^[2].

           Así también la Resolución 1/2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación a la restricción de la libertad señaló que los Estados deben: “45. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.

           46. Asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables”.  

           En relación a la adopción de medidas que afecten a personas mayores de edad, la misma Resolución señaló que los Estados deben: “41. Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de COVID-19 de la población mayor en general y en particular de quienes se encuentren en residencias de larga estancia, hospitales y centros de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda humanitaria para garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento y estableciendo espacios de acogida para personas en situación de pobreza extrema, calle o abandono o situación de discapacidad”.

           En ese contexto protectivo en emergencia sanitaria por la COVID-19, la citada Resolución sobre un grupo de atención prioritaria como lo es el de las mujeres, señaló que los Estados deben: “49. Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada , la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras” .