SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0305/2021-S4

           Respecto a la segunda problemática, referida a la falta de respuesta ante la interposición del incidente de detención domiciliaria, de la Conclusión II.5 y Antecedentes I.1.1 y I.2.1, del presente fallo constitucional –no controvertidos por las autoridades demandadas–, se tiene que, la impetrante de tutela, el 16 de junio de 2020, interpuso incidente de detención domiciliaria, en atención a su estado de salud, ya que tiene un diagnóstico de hipertensión arterial, angina inestable y síndrome ansioso depresivo, con recomendaciones por profesional médico de que sea valorada y tratada por especialista cardiólogo y oncólogo, extremos que además se evidencian del certificado médico de 6 de enero de 2020 y certificado médico con fecha y nombre del profesional en salud que lo emite ilegibles, por el cual se recomienda que la impetrante de tutela deba ser valorada por especialista cardiólogo del Hospital General San Juan de Dios (Conclusiones II.1 y II.4).

           En ese contexto, de lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, es posible establecer que, el Estado, ante una situación de emergencia sanitaria, y en particular, por la pandemia de la COVID-19, debe entre otros aspectos, asegurar que las personas privadas de libertad con alto riesgo de contagio de la Covid-19, accedan a medidas de protección de su salud y su vida, en ese contexto, se deberá analizar cada caso concreto procurando en lo posible, precautelar la salud y la vida de grupos vulnerables como adultos mayores y mujeres; para dicho fin una ponderación con perspectivas de género así como la aplicación del principio favoris debilis, podrá garantizar, el derecho a la salud y la vida de los privados de libertad con más alto riesgo de contagio y afección a su salud por la COVID-19.