SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0365/2021-S2

Ahora bien, de la pretensión impetrada por la accionante que versa claramente en cuestionar un cálculo de la liquidación por el adeudo de los beneficios laborales que no fue cancelado en su oportunidad y que derivó en la afectación económica en consideración al extenso tiempo del trámite de la causa, son cuestiones que carecen de vinculación directa con el ejercicio de su derecho a la libertad física; debido a que, son propias de un proceso que no constituyen motivo alguno de restricción de su derecho a la libertad personal, siendo una sanción económica por su calidad de empleadora, obligada al pago de Bs2 309,87.-, monto calculado a través de planilla de actualización de beneficios y derechos sociales; consecuentemente, no representa causa alguna de restricción o supresión del derecho aludido, siendo evidente que la peticionante de tutela a consecuencia de esa determinación no se encuentra privada de su libertad, y que si bien refiere que existe una amenaza de librarse en el futuro mandamiento de apremio ante el no pago, dicha medida coercitiva excepcional se halla dispuesta por la previsión contenida en el art. 12 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP), buscando inducir al empleador a cumplir su obligación; máxime, si en el caso concreto, el mismo no fue aún expedido, a objeto de advertir irregularidad en su tramitación.