SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2ª N° 057/2023

Como se tiene explicado en el FJ.II.2.2, de la presente Sentencia, para que se configure la causal de nulidad por violencia física o moral, el demandante debe probar que Fortunato Arnez Villarroel, realizó actos de violencia física y moral contra los funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), viciando su libre voluntad para la realización de las actividades y actos jurídicos en el proceso de saneamiento que dio origen al Título Ejecutorial cuestionado.

Al respecto, de lo precedentemente señalado, de la revisión de la carpeta predial del procedimiento administrativo técnico-jurídico de saneamiento, respecto al predio denominado “Alalay Parcela 139”, no se evidencia ningún acto o indicios de violencia física o moral que se hubiera ejercido contra los servidores públicos del INRA Departamental Cochabamba o personal dependiente del INRA Nacional, como tampoco existen denuncias de que el demandante hubiera presentado en el desarrollo del proceso de saneamiento para cuestionar este extremo, por lo que la afirmación del demandante carece de veracidad o sustento, por cuanto de manera subjetiva se limita a señalar que el demandado dolosamente ejerció violencia moral que destruyó la voluntad del administrador – INRA; ahora bien, con respecto a la prueba a la que hace referencia cursante a fs. 79 vta. de la carpeta predial, la misma corresponde al formulario de Saneamiento Interno (I.5.1.1), en el que se registra los datos referidos al nombre del beneficiario, predio, superficie, forma de tenencia del predio, actividad, entre otros datos, documento que fue levantado por las Autoridades del Comité de Saneamiento Interno del “Sindicato Agrario Alalay”, conforme a sus usos y costumbres y no así por la Autoridad administrativa INRA, habiendo posteriormente el referido ente administrativo, mediante Auto de 12 de octubre de 2009 (I.5.1.7), validado la información a solicitud de las autoridades del Comité de Saneamiento Interno, conforme se tiene del Acta de Solicitud de Validación del Proceso de Saneamiento Interno realizado en la Comunidad Alalay (I.5.1.3), no advirtiéndose de ello que el ahora demandado haya ejercido violencia física o moral sobre la Autoridad administrativa; asimismo, la parte actora no ha adjuntado prueba idónea que acredite lo señalado respecto a que Fortunato Arnez Villarroel, se haya aprovechado de su condición de dirigente como Secretario de Justicia, toda vez que, las pruebas a las que hace referencia cursantes a fs. 9 y 100 vta. de los antecedentes del proceso de saneamiento, corresponden a una lista de beneficiarios o integrantes del Sindicato Agrario Alalay y a un “Acta de Manifestación de que Alalay pertenece al cantón Lava Lava para fines de Titulación”, el cual si bien se encuentra suscrito por Fortunato Arnez Villarroel, como Secretario de Justicia; empero, tampoco  con esta prueba se acredita que haya existido violencia física o moral sobre la autoridad administrativa, ingresando por tal, el ahora demandante en el campo de la subjetividad al efectuar afirmaciones sin respaldo alguno respecto a lo aseverado, al no acreditar con prueba idónea con respecto a lo acusado, por lo que este Tribunal no puede pronunciarse respecto a hechos subjetivos que no están demostrados con documentación idónea; en consecuencia, por lo desarrollado no se ha probado la existencia del vicio de nulidad por violencia física o moral ejercida sobre el administrador, previsto en el art. 50.I.1.b) de la Ley N° 1715.  

Con relación al ANA S1^a N° 0032/2016, la misma fue emitida en un proceso de Interdicto de Recobrar la Posesión, que es tramitado mediante el proceso oral de hecho, por lo que no resulta ser análoga al caso de autos, toda vez que, en una demanda de nulidad de Título Ejecutorial se tramita en la vía ordinaria de puro derecho.