Resolución recurrida: Sentencia N° 004/2021 de 28 de mayo

1.2.1. Citando lo referido en el memorial de demanda cursante a fs. 6 vta. de obrados, la parte recurrente refiere que si bien la actora arguye que se habría avasallado una sala de 6X4 M2, que se encontraba en bruto, haciendo un total de 24 M2 y que en el mes de febrero de éste año, los demandados sin autorización alguna habrían procedido a techar, poner puertas y ventanas e inclusive llevarse otras pertenencias; sin embargo, el Juez de instancia en el SÉPTIMO CONSIDERANDO de la sentencia a fs. 49 vta. de obrados, valora indicando: "asimismo a demostrado la incursión clandestina y violenta de los demandados, al haber realizado construcciones en propiedad en propiedad ajena y echado por la fuerza a través de amenazas al hermano de la demandante, el señor Arsenio Flores Anachuri, cumpliendo de esta manera la demandante con ambos presupuestos de procedencia de la acción de avasallamiento y tráfico de tierras" (sic).

De ésta valoración realizada por la autoridad de instancia, la parte recurrente observa que no se habría identificado quien autorizó la construcción en el área avasallada, pues si bien la demandante hubiese señalado que fue el administrador Calixto Bejarano Vega; empero, resaltan la mala fe de la parte actora, porque la construcción correspondería a hace varios años atrás.

También observan que la demanda interpuesta no sería específica y determinada con exactitud, porque la parte actora en su demanda interpuesta reclamó la superficie de 24 M2, pero el Juez de instancia en su fallo refiere que la extensión avasallada es de 0.0036 M2, así tampoco aclara donde los demandados deben desalojar en el plazo de 96 horas, lo que les causaría indefensión.

Indican que el Juez de instancia si bien a fs. 49 vta. del SEXTO CONSIDERANDO señala que la demandante habría acreditado de manera objetiva la existencia de actos o medidas de hecho; empero, en los hechos la parte actora nunca habría demostrado objetivamente la construcción clandestina y violenta en propiedad ajena y que se haya echado por la fuerza al hermano de la parte actora, lo que acreditaría que el Juez de la causa habría incurrido en un fallo ultra petita.

Manifiestan que no existe prueba alguna que acredite el avasallamiento denunciado, porque de la declaración de la demandada Petrona Condori Ricaldi, así como Calixto Bejarano Vega quien era el administrador, nunca habría tenido esa condición, toda vez que existe un contrato privado de venta de 2.5077 ha de terreno agrícola realizada por la propia actora a Calixto Bejarano Vega y Leydi Gisela Bejarano Condori de 28 de febrero de 2020 y que por esa razón no existiría el ilícito de avasallamiento previsto en el art. 351 bis de la Ley No 477.