Auto Supremo AS/0219/2009

Establecido el marco de las disposiciones legales que rigen la materia, corresponde puntualizar doctrinalmente algunos institutos jurídicos, en ese sentido, Giovanni Leone para quien la acción penal en sentido amplio es el poder de provocar la decisión del juez acerca de una notitia críminis, diferencia que el término acción penal evoca dos acepciones: a) promoción o inicio de la acción penal, que corresponde al acto mediante el cual el Ministerio Público manifiesta la voluntad de pedir al juez una decisión sobre determinada notitia críminis; y b) ejercicio o prosecución de la acción penal, referidos al conjunto de actos llevados a cabo por el Ministerio Público en consecuencia y correlación con el acto promotor de la acción penal, dirigido a hacer converger el proceso hacia la decisión definitiva. La teoría de la acción penal reconoce la existencia de las denominadas condiciones de procedibilidad, a las que hace referencia la Sentencia Constitucional número 003/2005 de 8 de junio, entendidas como aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es posible promover, o proseguir la acción; condiciones de procedibilidad que según se traten de presupuestos que afecten a la promoción, o a la prosecución de la acción penal, se dividen en: a) condiciones para la promoción (inicio) de la acción penal; y b) condiciones para la prosecución (ejercicio) de la acción penal; respecto a las primeras, estas deben existir en el momento en que se promueve la acción penal -a manera de ejemplo la querella en los delitos de acción pública a instancia de parte, la acusación particular en los delitos de acción privada-; respecto a las segundas, se trata de requisitos que condicionan la prosecución de la acción penal; en el caso de los juicios de responsabilidad contra altos dignatarios de Estado, dada la naturaleza de los delitos y la cualidad del sujeto activo, la autorización del Congreso resulta una condición de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, estando en consecuencia condicionado el ejercicio de la acción penal a la autorización del Congreso, que constituye el acto jurídico a través del cual el Congreso consiente en la prosecución de la acción penal, sin esa autorización la acción penal se encuentra frente a un obstáculo que impide su prosecución. Ahora bien queda claro que en defecto de la autorización Congresal, el órgano jurisdiccional no puede emitir una decisión de mérito de la causa, sin que antes se tramite el llamado antejuicio del que depende la condición de prosecución de la acción penal