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Que, la Sentencia Constitucional número 0003/2005 de 8 de junio, precisó que a partir de la reforma constitucional de 1994, en los juicios penales seguidos contra altos dignatarios de Estado, el Congreso Nacional dejó de ser un órgano acusador, para convertirse en el órgano que autoriza el juzgamiento de esas autoridades, convirtiéndose la autorización en una condición de procedibilidad del proceso penal que debe seguirse contra esas autoridades; por cuanto, en síntesis, dependerá de la decisión del Congreso la procedencia del juicio penal
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- Libro Tomas de Razón 1/2009