Auto Supremo AS/0690/2013

A lo anotado, se debe agregar que no existe ninguna directriz dirigida por el demandado como propietario, empleador o accionista, hacia los actores o alguno de los trabajadores de HILBO S.A. para el desempeño de sus funciones que pueda advertir la relación de dependencia y subordinación con su persona, menos la percepción de alguna remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación que hubiese hecho efectivo el demandado, toda vez que si bien proporcionó los recursos económicos para el pago de los servicios básicos -luz, agua, teléfono, etc.-, necesarios para el funcionamiento de la empresa y para la remuneración de los trabajadores; empero, no es menos cierto que éste último pago estaba a cargo del Directorio previo cotejo de las labores efectuadas por los trabajadores bajo el denominativo de “bono de producción”, tal como se advierte de las planillas de fs. 111 a 139, no otra cosa significa el hecho que dichas planillas estén firmadas únicamente por el Presidente del Directorio de HILBO S.A.; es más, se evidencia que los pagos efectuados eran variables y en un monto inferior al salario mínimo nacional establecido por el Estado para las gestiones 2010 y 2011, lo que por lógica, si es que evidentemente el demandado era el empleador, el Directorio no podía permitir ese hecho irregular en observancia de lo previsto por el artículo 52 de la Ley General del Trabajo, que al efecto prevé: “…No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos de trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio del Trabajo…”, coligiéndose que en ningún momento el aludido Directorio reclamó este aspecto al demandado por la sencilla razón de que él no tenía la calidad de empleador de los trabajadores de HILBO SA y menos de los actores, debiendo tenerse presente además que las declaraciones testificales de fs. 70-79, al no ser uniformes respecto a quien cancelaba los sueldos, no tienen la fe probatoria establecida en el artículo 169 del Código Procesal del Trabajo, para demostrar con precisión que el demandado hubiese cancelado directamente los sueldos a los trabajadores en su condición de empleador