Auto Supremo AS/0659/2014

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACION DE DERECHOS O GARANTIAS CONSTITUCIONALES

El recurso de casación formulado por la parte imputada fue admitido ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, al haber denunciado la afectación al debido proceso y el derecho de recurrir, por cuanto el Tribunal de Sentencia hubiese incurrido en una equivocada interpretación, al no permitirle el ofrecimiento de prueba de descargo y no obstante de que este extremo constituyó fundamento de la apelación, el Tribunal de alzada no se pronunció refiriendo solamente que la Sentencia Constitucional 1755/2012 de 1 de octubre, tiene vigencia a partir de su publicación sin referirse a que la Ley 007 no modificó ni abrogó el art. 340 del CPP, correspondiendo en forma previa al análisis de caso, efectuar precisiones de orden normativo y jurisprudencial atinentes a la problemática planteada.

III.1. El Debido proceso y el derecho a recurrir.

La Constitución Política del Estado reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en un fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados por la Constitución. Entre uno de los elementos constitutivos del debido proceso se encuentra el derecho a recurrir de los fallos, previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), así como en los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el país, que son parte de la jerarquía normativa definida en el art. 410.II de la Ley Fundamental. Así también lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, que señaló en su párrafo 158: "La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona"