Auto Supremo AS/0748/2015-RRC-L
Tribunal Supremo de Justicia Bolivia

Auto Supremo AS/0748/2015-RRC-L

Fecha: 12-Oct-2015

La vía penal no puede ser utilizada para perseguir el cumplimiento de obligaciones, pues el


III.1.Respecto al planteamiento de que el hecho juzgado tiene naturaleza civil.

El recurrente para fundar este primer motivo, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, que deviene de un proceso penal tramitado por el delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, en el que se pronunció la Sentencia que declaró la autoría de la imputada e impuso la pena de cuatro años de reclusión, siendo confirmada en apelación.
Contra el respectivo Auto de Vista, la parte imputada interpuso recurso de casación, en cuyo análisis se fundamentó en sentido de que es evidente, que el proceso penal tuvo como origen un documento de préstamo de características eminentemente contractuales en las que se destaca las figuras del depósito y la promesa, concluyendo que la relación jurídica que origina el proceso penal, en su esencia misma, constituye un préstamo reglado por el art. 452 del Código Civil (CC), situación ante la cual, los jueces de grado debieron dar aplicación al art. 46 del CPP, determinación a la que arriba el Supremo Tribunal, en virtud a la facultad de revisión de oficio otorgada por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial –derogada-, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Los jueces de grado poseen la obligación de valorar los elementos probatorios, conforme al mandato del artículo 173 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, esto es con criterios de selectividad y eficacia, orientado a la búsqueda de la verdad histórica del hecho dentro de parámetros de absoluta discrecionalidad crítica y analítica, tomando en cuenta los elementos constitutivos del tipo penal al que ha de subsumirse la conducta del incriminado, no siendo suficientes los indicios o simples presunciones para la configuración del ilícito penal. La promesa de procurar trabajo no puede ser tomada en cuenta como elemento constitutivo del delito de estafa, pues para la configuración y materialización de tal ilícito penal se hace necesario establecer el ´núcleo del delito´ constituido por el engaño y el artificio que es el medio empleado en forma hábil y mañosa para lograr el intento, siendo la forma artera para obtener algo. La estafa -al sentir del Tratadista de Derecho Penal, Gastón Rios Anaya- es: ´El típico delito fraudulento contra el patrimonio, ya que el sujeto activo, mediante artificios y engaños, sonsaca dineros y otras ventajas económicas a la víctima´, de donde resulta que, imperiosamente, debe comprobarse la doble relación causal que debe existir para que se configure el delito de estafa: el ardid o engaño como causa del error y el error como causa de la disposición patrimonial, sólo ante la comprobación incontrovertible de la existencia de estos elementos podrá establecerse la presencia del dolo, pues en el delito de estafa no puede aducirse culpa, toda vez que el tipo penal previsto en el artículo 335 de la norma sustantiva se constituye en un delito eminentemente doloso. Conforme refiere Benjamín Migue H. en su libro ´Derecho Penal, Parte Especial´´", nuestra legislación sintetiza los elementos de la estafa en los siguientes elementos: a) existencia del engaño o artificios; b) relación de causalidad entre conducta activa y resultado; c) el elemento psíquico, o sea la voluntad de engañar; y d) el enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima.

La vía penal no puede ser utilizada para perseguir el cumplimiento de obligaciones, pues el derecho penal sustantivo y adjetivo tiene como una de sus principales característica ser de "Ultima Ratio", no pudiendo ser utilizado a efecto de penalizar las obligaciones contractuales, lo contrario significaría entrar en franca violación a los derechos consagra-dos en el artículo 16 de la Norma Constitucional, de observancia preferente por el propio mandato de su artículo 228 y del artículo 5 de la Ley de Organización Judicial”