Auto Supremo AS/0242/2015

En mérito a lo expuesto, en el caso de autos, se advierte que el actor Zacarías Macías Salazar suscribió más de dos contratos sucesivos a plazo fijo de prestación de servicios con la institución demandada, según consta por las literales de fs. 2, 3, 4, 5 a 10, incurriendo en la prohibición contenida en el art. 2 del DL Nº 16187, por tanto a partir del tercer contrato la relación laboral se convirtió en indefinida, conforme bien determinó el juez de instancia y el tribunal ad quem, estableciendo un tiempo de servicios 3 años, 11 meses y 29 días , determinando el pago de indemnización por el tiempo de servicios prestados, en retribución al desgaste psíquico y físico que le ha generado la actividad laboral, pues si bien es válido la suscripción de contratos a plazo fijo como excepción, empero estos deben observar las reglas antes anotadas, bajo sanción legal cuando se actúa en contrario; por lo que, el hecho de argumentarse que se tienen contratos a plazo fijo con periodos de interrupción entre uno y otro y con fechas de inicio y conclusión conocidos por las partes, no constituye argumento suficiente y válido que permita casar el auto de vista recurrido como pretende la entidad recurrente, máxime cuando se advierte que entre la suscripción de los contratos el periodo de interrupción fue menor a los tres meses señalados en la RM Nº 193/72 de 15 de mayo, aspectos que fueron valorados en su conjunto por el tribunal ad quem para determinar el tiempo de servicios prestados por el actor, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme dispone el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), con relación al art. 3.j) del mismo cuerpo legal, resolviendo de manera acertada, enmarcando su decisión en las normas legales que rigen en la materia.
Con relación al pago del bono de antigüedad, dispuesto por el tribunal ad quem sin cumplir con la RM Nº 632 de 7 de diciembre de 2007, que obliga la tramitación ante el CAS por el interesado; cabe señalar que el bono de antigüedad está catalogado como un derecho adquirido por el trabajador por el transcurso del tiempo de prestación de servicios, cuyo reconocimiento está regulado por el art. 60 del DS Nº 21060 de 29 de agosto de 1985 y art. 3 del DS Nº 26450 de 18 de diciembre de 2001. En ese sentido, el pago del bono de antigüedad, abarca tanto al sector público como al privado en base a la escala única aplicable según lo dispuesto en el art. 60 del DS Nº 21060 de 29 de agosto de 1985.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado, mediante RM Nº 632 de 7 de diciembre de 2007, estableció en la parte resolutiva tercera que: El Certificado de Calificación de Años de Servicio es el único documento oficial y válido a nivel nacional, que acredita el tiempo de servicios prestados por los servidores públicos y sirve de base para el pago de bono de antigüedad, cómputo de vacaciones, ascensos de categoría, jubilaciones y otros relacionados con los años de servicio calificados, disposición normativa que debe ser interpretada para el caso del pago del bono de antigüedad, en la circunstancia en que el trabajador pretenda hacer valer un tiempo de servicios prestados en otra u otras entidades o empresas públicas, caso en el cual es imprescindible la presentación del certificado de calificación de años de servicio mencionado; consecuentemente, pretender tal exigencia en la situación de un trabajador que prestó servicios de manera continuada en una misma empresa o institución estatal, como se trata del caso en examen, constituye una arbitrariedad y exceso por parte del empleador, que no condice con el principio protector en su regla de in dubio pro operario, normado en el art. 4.I.a) del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 y 48.II de la Constitución Política del Estado, pero además con el principio de primacía de la realidad que establece la prevalencia de la veracidad de los hechos ante la formalidad que se hubiera acordado entre partes, toda vez que se trata de un derecho consolidado en beneficio del trabajador