Auto Supremo AS/0437/2016-RRC

El recurrente manifiesta que mediante recurso de apelación restringida denunció el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; toda vez, que la Sentencia resultó ser producto de una valoración defectuosa de la prueba en vulneración de los arts. 124, 171 y 173 de la citada ley; sin embargo, el Auto de Vista recurrido incurrió en defecto absoluto; por cuanto, no efectuó una fundamentación expresa ni específica sobre los puntos observados, aspecto que vulneraría su derecho a la defensa, debido proceso y la fundamentación de cualquier fallo, además del principio de legalidad; puesto que, concluyó que el Tribunal inferior realizó una correcta valoración de la prueba, no considerando las pruebas cuestionadas por su persona que demostraron la comisión del delito por parte de los acusados, siendo ellas: a) La identificación del vehículo en el cual se desplazaron los autores del hecho acusado; por lo que, las declaraciones de los testigos Gina Guardia Saucedo de Grájeda, Félix Castro Guzmán, Juan Pablo Taboada Flores y Andrés Rojas Romero, coincidieron respecto a la presencia del motorizado de propiedad de la acusada Judith Gutiérrez Yépez en el área de la comisión del hecho delictivo, de forma anterior y posterior al asesinato de Limber Rojas Jiménez, motorizado que días después fue encontrado en poder del imputado Enrique Fernández Hurtado; b) La interpretación del flujo de llamadas entrantes y salientes de los equipos de comunicación celular de los acusados, elementos de prueba de cargo signados con los números veinte, veintiuno y treinta, que evidenciarían que los acusados el día de los hechos se encontraban en la zona circundante al lugar donde fue asesinado Limber Rojas Jiménez, aspecto que sumado a la presencia del motorizado, le permite concluir que el occiso fue asesinado en presencia de la acusada Gabriela Rueda Gutiérrez por el acusado Enrique Fernández Hurtado, quien se presentó en la zona circundante un día antes de lo sucedido y pese a que afirmó haberse encontrado en compañía de Evi Suny Solíz de Odeli, ello fue desvirtuado mediante el extracto de llamadas; por lo que, si bien fue buscada la prenombrada por el imputado, el encuentro se habría producido después del fallecimiento de la víctima, siendo buscada la testigo por el imputado con la única finalidad de contar con una coartada; y, c) La identificación del arma del delito; por lo que, mediante la prueba documental de cargo signada como número cuarenta y uno, se evidenciaría que Enrique Fernández Hurtado adquirió una pistola cuyo calibre corresponde al calibre del arma de fuego que fue utilizada para quitarle la vida a la víctima; sin embargo, al ser aprehendido el 24 de diciembre de 2007, supuestamente extravió su arma de fuego, conforme constaría en la prueba de cargo signada bajo el número veintitrés, observaciones que no fueron referidas por el Tribunal de alzada, no considerando que la falta de valoración de las pruebas constituye defecto que genera inseguridad en las partes; limitándose a citar criterios doctrinales sobre la diferencia entre la valoración de la prueba y la prohibición de la revalorización de la prueba; sin cumplir con su obligación de realizar el correspondiente control de la valoración de la misma; toda vez, que no se refirió a las pruebas que se consideraron incorrectamente valoradas. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 251 de 22 de julio de 2005, 111 de 31 de enero y 437 de 24 de agosto ambos de 2007.

I.1.3. Del recurso de casación de los acusadores particulares Andrés Rojas Romero y Aurora Jiménez de Rojas