Auto Supremo AS/0912/2017-RRC

Con relación a denuncia del defecto comprendido por el art. 370 inc. 5) del CPP, es decir que no exista fundamentación o que esta sea insuficiente o contradictoria; al respecto, el Auto de Vista fue muy claro y conciso en explicar que respecto de la Sentencia se debe tener en cuenta que la misma debe contener un nivel formal, de validez, del razonamiento deductivo y un nivel argumentativo, respecto a los hechos y pruebas que corresponden a la controversia, en función de las normas, conceptos e instituciones con las cuales se interpretan y se califican jurídicamente tales hechos y pruebas, lo que el Tribunal de alzada hubiera observado de la labor del Tribual inferior y llegado a la conclusión de que cumplió con los aspectos señalados al momento de emitir la Sentencia por que la misma se encontraba correctamente estructurada y se expuso con claridad los hechos referidos en la acusación, los elementos de prueba incorporados a juicio tanto testifical como documental, detallando los hechos probados y los no probados, para luego de una apreciación integral asumir la falta de un elemento sustancial para a configuración de este delito contra la propiedad consistente en el “ánimo de apoderarse de bienes ajenos”, sin cuya concurrencia no es posible determinar el hecho endilgado ni la responsabilidad de los encausados, situación que finalmente determinó su absolución, aspectos que hacen ver que el Tribunal de alzada realizó el debido control de legalidad respecto de la fundamentación de la Sentencia explicando los motivos por los cuales tomó la decisión de declarar absueltos a los imputados; lo que hace ver que no es cierto lo manifestado por el recurrente ya que de la misma se observa que explicó y justificó de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Tribunal de Sentencia, por lo que no resulta cierto lo manifestado por el recurrente en este punto.

Por otro lado con relación a las reglas de la lógica y la supuesta defectuosa valoración de la prueba; señala que en el presente caso, la prueba valorada por el Tribunal de Sentencia, en punto IV referido a los hechos probados se enumera y detalla qué hechos se hallan demostrados, especificando cada uno de ellos así como su sustento probatorio, incluyendo el asentamiento humano inicial en el predio denominado Pampa Galana, la decisión asumida en una asamblea que determinó la expulsión del asentamiento de Corina Alvarado y Mariano Farfán Quiroga y luego la materialización del desalojo con la intervención del notario de Fe Pública Agustín Burgos Quiroga, que realizó un inventario de las cosas de la precaria vivienda que aquellos, que fueron guardadas en una caseta de la organización, las que fueron recogidas por Mariano Farfán Quiroga según referencia de las actas de recepción. Aspectos de los cuales verificó que lo demostrado tanto en los hechos probados como no probados tuvo como lógico resultado que no se configura el delito de Robo Agravado al no lograr encajar los elementos constitutivos del tipo penal al hecho denunciado, basado en las pruebas aportadas en juicio. Además también, hace referencia a los elementos de prueba recolectados lícitamente e incorporados a juicio no demostraron debidamente el elemento sustancial para la configuración del tipo penal de Robo que es “intencionalidad o dolo”, que debió manifestarse en la acción del apoderamiento ilegítimos de cosa mueble ajena, aspecto que aclaró como “animus” de hacerse dueño de los objetos supuestamente sustraídos, motivos por los cuales llego a l decisión de que el Tribunal de Sentencia obro correctamente al emplear todos estos entendimientos, situación que hace ver que el Tribunal de alzada logró realizar un explicación precisa con relación a que no existió una defectuosa valoración de la prueba, siendo que no existió una prueba de evidencie la intención de los imputados en sustraer los bienes de las víctimas, por lo que no es viable dar curso a lo solicitado en este punto.



Con relación a la supuesta defectuosa valoración de la prueba por inobservancia da la aplicación de la sana critica, el Auto de vista expresamente señala que no se infringió el art. 173 del CPP porque el Tribunal de Sentencia asumió que si bien los vecinos del asentamiento hubieran procedido a desalojar de hecho a las víctimas sacando sus bienes muebles y material de construcción fuera de la vivienda, muy puntualmente se establece que no existió un apoderamiento ni apropiación por parte de ellos de esos bienes, ya que su intención solo fue desalojar a las ahora víctimas de la referida vivienda; asimismo, consideró que el hecho juzgado ni forzándolo al delito de robo de otros objetos y materiales de construcción, se puede asumir la conducta de este delito porque no existe elemento subjetivo del delito en este caso el “animo de apoderase de bienes ajeno”, por lo que se advirtió que no existió vulneración de las reglas de la sana critica ni vulneración de los principios de tipicidad