Auto Supremo AS/0285/2018-RRC

Conforme se ha citado y desglosado en el apartado III.1 de la suscrita resolución, el derecho a la defensa forma parte del derecho al debido proceso, que en su caso, es expresado como una garantía jurisdiccional y derecho constitucional a la vez, de observancia obligatoria por parte de las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas al momento de conocer y decidir cuestiones procesales donde se debatan intereses personales de los ciudadanos, cualquiera sea su causa u origen, donde es necesario reconocer otros derechos que están vinculados a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, como ser: el derecho al recurso, derecho de petición, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad procesal, el derecho al Juez natural, el principio a la seguridad jurídica, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el principio de legalidad, el derecho de información, el principio de publicidad de los actos procesales, el principio de contradicción, el principio de presunción de inocencia, el principio de inmediación, entre otros, que integran ese instituto constitucional; por cuanto, es desde esta perspectiva que debe resolverse si el ejercicio del derecho a la defensa de la parte recurrente ha sido afectado durante la tramitación del proceso penal, que al remitirse a la revisión del Acta de Audiencia Conclusiva (fs. 30 a 39), en aplicación del art. 325 con las modificaciones de la Ley Nº 007, no se observa o evidencia vulneración alguna al derecho a la defensa, siendo que ésta ha sido desarrollada en todas sus fases, que ha devenido en el saneamiento de la acusación para su posterior remisión ante el Juzgado de Sentencia competente, al interior del cual la parte recurrente ha tenido todos los medios procesales legales para ejercer adecuadamente su derecho a la defensa amplia e irrestrictamente en todas sus fases, gozando de una defensa técnica y patrocinio efectivo